Un juzgado procesa al exalcalde de Getafe Pedro Castro por el «caso aparcamientos»
Pedro Castro, exalcalde de Getafe - ABC
GETAFE

Un juzgado procesa al exalcalde de Getafe Pedro Castro por el «caso aparcamientos»

Podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude o cohecho, entre otros

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El Juzgado de Instrucción nº 7 de Getafe ha dictado un auto de procesamiento contra el exalcalde de Getafe Pedro Castro, tres concejales socialistas y una edil de Izquierda Unida por el conocido como «caso aparcamientos» (la presunta adjudicación irregular de plazas de garaje) que podría ser constitutivo de los delitos de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida a los funcionarios, malversación y tráfico de influencias.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, los procesados, además de Pedro Castro, son su hijo y exconcejal de Hacienda, David Castro; el portavoz del PSOE y exconcejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez; la exconcejala de Obras, Cristina González; el exconcejal de Urbanismo, Santos Vázquez, y la concejala de IU, Silvia Uyarra, además de responsables de cooperativas y varios funcionarios del Ayuntamiento de Getafe que formaron parte de la Mesa de contratación.

El exalcalde y los concejales ya habían sido imputados hace año y medio por este caso que se remonta a julio de 2009, cuando el PP denunció que la entonces concejala de Obras, Cristina González, vulneró la ley al votar en una Junta de Gobierno local la adjudicación de un aparcamiento a la cooperativa Jilguero en la que también figuraban como secretario y tesorera el padre y la madre de la edil. Los populares también acusaron a Pedro Castro y a David Castro de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por supuestas irregularidades en la adjudicación de otros cuatro aparcamientos, por lo que pidieron que se les citara a declarar.

Archivado en 2010

La Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010 pero el PP volvió a llevarlo a los juzgados al entender que no se había profundizado en el asunto. En el presente auto también se contempla que no son necesarias instruir más diligencias, que se iniciaron tras la denuncia del grupo municipal del PP sobre la existencia de «una presunta trama corrupta» para la adjudicación de la ejecución y explotación de 1.423 plazas de aparcamiento «que podría haber supuesto un beneficio de 12 millones de euros para los gestores y concesionarios de los aparcamientos, existiendo una vinculación entre los adjudicatarios, la gestora responsable y miembros del Gobierno municipal, contando con información privilegiada para obtener la máxima puntuación en la oferta económica».