Carmena dará viviendas sociales a «okupas» de larga duración

Para llevar a cabo este último aspecto, el Consistorio modificará los requisitos de inscripción en el Registro Permanente de Solicitantes . Antes se vetaba a quien hubiera usurpado un inmueble propiedad del Ayuntamiento o EMVS; pero a partir de ahora todo aquel que demuestre –a través de los servicios sociales– que lleva al menos dos años en la vivienda podrá optar a un piso especial. El Área de Equidad, Empleo y Derechos Sociales confía en poder negociar con los okupas y que acepten pagar por el inmueble. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento podría proceder al desahucio .

Carmena y su equipo anunciaron que paralizarían todos los lanzamientos en marcha de las viviendas de la EMVS cuando llegaron al Gobierno, pero, según detallaron ayer, no descartarían proceder a desalojar a los ocupantes de las viviendas si no llegan a un acuerdo. Estudiarán «caso por caso», precisaron, ya que la EMVS contempla arriendos por 0 euros . Esta modificación de los requisitos no reconocerá el derecho sobre ninguna nueva ocupación.

La delegada de Equidad, Empleo y Derechos Sociales, Marta Higueras , anunció ayer que, de este modo, a la EMVSse le va a «devolver el carácter social que había perdido y nunca debió perder». Una de las líneas de actuación será eliminar la posibilidad de venta o arrendamiento con opción a compra de los inmuebles sociales; sin embargo, se va a aumentar el techo temporal de alquiler. Actualmente se concedía un año con posibilidad de prorrogarlo tres y, a partir de ahora, se pasará a tres años iniciales prorrogables sucesivamente por períodos de dos siempre que se cumplan los requisitos que permitieron su alquiler. Se rebaja también el nivel de ingresos para acceder a la vivienda. El solicitante deberá contar con un salario de entre 0,75 y 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) –532,51 euros mensuales–; es decir, entre 399.23 euros y 1.867,78 euros al mes por la unidad familiar. Para jóvenes, los ingresos deberán estar entre 0,5 y 1,5 veces el Iprem ( 299 y 799 euros) y sube de 30 a 35 años la edad para pedir uno de estos pisos.

Para ampliar el arrendamiento el límite de ingresos será 5,5 veces el Iprem: una mensualidad de 2.928,8 euros. El precio del alquiler nunca superará el 30% de los ingresos de la unidad de convivencia y ya no existirá obligatoriedad de abonar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Se reduce también de 5 a 3 años la penalización para volver a solicitar un piso público tras haber renunciado a una adjudicada.

Higueras pretende elevar el parque público de alquiler y calcula entregar 916 pisos este trimestre. Por un lado, en una urbanización de Carabanchel se facilitará el acceso a este tipo de viviendas a 110 personas: 40 inmuebles están reservados para familias monoparentales en situación de especial vulnerabilidad, otros 30 para víctimas de desahucios y 40 más para los refugiados sirios que comenzarán a llegar en dos semanas.

Por otro lado, el equipo de Manuela Carmena sacará este último trimestre 612 viviendas en régimen de alquiler general y 194 para jóvenes a un precio reducido de 150 euros.

El Ayuntamiento va a poner en marcha un proyecto de «convivencia intergeneracional» en Puente de Vallecas donde mayores y jóvenes convivirán para «evitar el aislamiento social y la soledad de los mayores y fomentar el aprendizaje de vida entre los de menor edad».

Se trata de dos complejos, prácticamente anexos, con servicios comunes como gimnasio, biblioteca, sala informática... Un total de 165 pisos serán para personas mayores y 160 para jóvenes.