Manuela Carmena quiere todo el control de la Funeraria de Madrid

Sánchez Mato es desde julio consejero de la EMSF, cargo que comparte junto al responsable de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero , quien también preside el Consejo de Administración de dicha entidad. En una entrevista de ABC se le preguntó al edil de Economía qué haría su gobierno cuando finalice el contrato: «Está dicho lo que tiene que ocurrir. No te voy a decir qué, pero tú lo sabes». Se refería a que el control vuelve al Ayuntamiento. Se le consultó cómo afectaría a los ciudadanos, dejando clara cuál sería la actuación: « Vamos a ganar dinero en vez de cedérselo a las empresas privadas . Menos un ejercicio, ha habido 21 años de enormes beneficios que se los ha llevado una empresa que fue adjudicada con asuntos turbios ».

El 49% de la EMSF se vendió por 60 céntimos en 1992 a Funespaña, hecho que fue denunciado por Izquierda Unida y acabó con la condena del exconcejal popular Luis María Huete, entonces teniente de alcalde, a dos años y un día de inhabilitación para ejercer como cargo público. Se le condenó por un delito prevaricación. La EMSF pertenece desde entonces en un 51% al Ayuntamiento de Madrid, desentendido totalmente, hasta ahora, de la gestión funeraria: No destina un euro del presupuesto municipal a sus servicios, pero se reparten los beneficios –aunque llevan dos años. sin repartir dividendos, se van a reservas–.

La mixta tiene dos patas fundamentales: los tanatorios o funeraria, que es donde está el negocio, y los cementerios, la cara ruinosa. En 2014, los ingresos de funeraria fueron aproximadamente unos 30 millones de euros l os gastos 28,7 millones de euros , resultando un beneficio de 1,3millones. Los cementerios tuvieron unos gastos de 21,5 millones de euros y unos ingresos de 21, es decir, unas pérdidas de 500.000 euros. Según el balance de la EMSF, los beneficios fueron de 848.985 euros.

Los dos problemas más importantes a los que se enfrentaría el Ayuntamiento al asumir el servicio serían dos. Por un lado, según explica la concejal Silvia Saavedra de Ciudadanos, secretaria el grupo municipal, «en los pliegos de condiciones se establece que hay un fondo voluntario por el que el Ayuntamiento debería abonar a Funespaña el 49% de los beneficios, que son 50 millones de euros». De no hacerlo, la entidad podría llevar al Consistorio a los tribunales.

Además, como también comentan desde el PP, el Ayuntamiento no podría competir con los precios de un mercado liberalizado ni contaría con la cartera de clientes que se reparten las aseguradoras ni los conciertos. «Las tarifas serían públicas e iguales para todos; no podrían tirarse los precios porque resultaría deficitario», arguyen los populares.

Por otro lado, Ahora Madrid tendría que asumir la plantilla que paga Funespaña: 535 trabajadores. CC.OO. y UGT, los sindicatos mayoritarios, mantienen posturas diferentes. El primero es «partidario» de que la empresa sea municipal y prefieren «no hacer más declaraciones hasta que el Ayuntamiento lo haga oficial».

UGT considera «un error» abandonar las manos privadas . «Es un error que una empresa pública haga negocio en un mercado liberalizado en manos de las aseguradoras. Mapfre controla el 78% de Funespaña y si el Ayuntamiento recupera el control y Mapfre se queda fuera, se vería afectado. Es un mercado de difícil acceso. Las pólizas vienen dirigidas por las compañías. Perderíamos una gran cuota de mercado. Ahora esrentable y tiene beneficios, pero en un año no sería así y en dos estaría en números rojos», explica Víctor García, representante sindical de UGT. García teme que de pasar a ser deficitario, un futuro gobierno de otro color lo privatizara y se decidiera prescindir de la plantilla. De cara al ciudadano, el sindicalista considera que «no tendría una empresa de referencia». «Los precios del mercado serían los que quisieran poner y quien no tenga pólizas de seguro podría enfrentarse a situaciones de abuso e indefensión», opina.

Desde el Área de Salud, Seguridad y Emergencias informaron de que está en marcha una auditoría para comprobar cuál es la situación actual de la funeraria. Según Ciudadanos, «la Interventora maneja información de irregularidades en algunos contratos». Desde la delegación de Barbero fueron más cautos a la hora de avanzar una postura acerca de cómo se resolverá la gestión: «No hay una decisión tomada. Se va a valorar colaborar con Funespaña».

El alcalde del PP, José María Álvarez del Manzano, eliminó la tasa anual de conservación de cementerios a principios de los 90, una carga que se cobra en otras ciudades españolas como Barcelona, Huelva, Granada, Teruel,... y que supone una cuota de entre 10 y 45 euros a aquellas personas que tengan enterrado a un ser querido en un camposanto. El retorno de este canon podría ser necesario en caso de que el Ayuntamiento se encargara de mantener los 14 cementerios que son de su propiedad y cuyo mantenimiento genera pérdidas. Ha quedado claro en comisiones y en plenos que Ahora Madrid no se opone a la creación de nuevas tasas durante su mandato.

El Ayuntamiento tiene tres opciones posibles para decidir sobre el futuro de la funeraria: vender sus participaciones y que se privatice totalmente el servicio; que el 49 por ciento que se vendió por 60 céntimos a la empresa Funespaña revierta al Ayuntamiento y la empresa vuelva a ser cien por cien pública, o que se mantenga la situación actual, es decir, una privatización parcial.

El próximo 7 de octubre se reúne el consejo de administración de la EMSF para establecer las tarifas de 2016. Allí estarán presentes Sánchez Mato y Barbero. Desde Ciudadanos critican que no se les haya permitido formar parte del consejo de la empresa mixta. «Argumentan que es tradición que así sea y no nos enteramos de lo que ocurre», advierte la edil del partido naranja. Reprueba que toda la información solicitada sobre este y otros asuntos no les llega. «Rita Maestre no nos remite el informe desde julio que se le solicitó», manifiesta.