Cifuentes calma el enfado de los expresidentes

Cifuentes explicó a Leguina los motivos que le han llevado a ordenar la derogación del Consejo, acordado con Ciudadanos. La decisión ha sido muy criticada por el socialista. «Nosotros podemos salir del Consejo cuando la ley lo diga y, si quieren, que nos fusilen al amanecer», comentó dolido semanas atrás. Ayer, tras entrevistarse con la presidenta de la Comunidad, Leguina se mostró apaciguado. «Soy muy amigo de Cristina Cifuentes desde hace muchos años. Desaparecerá esto, pero no nos fusilan al amanecer», relató, irónico, a este diario.

Cifuentes le trasladó asimismo su intención paralela de crear un nuevo estatuto para los expresidentes, similar al que ya tienen otras comunidades autónomas y otros países europeos. Como adelantó ABC, Cifuentes busca opciones no retributivas para reconocer a los exmandatarios regionales. «No se les puede dejar tirados. Tienen que ser reconocidos por lo que fueron y poner en valor su experiencia y representatividad», avanzó en una entrevista con este diario tras tomar posesión de su cargo.

Tranquilizado por la declaración de intenciones de la presidenta, Leguina recordó que, antes de que se creara el Consejo, en 2008, Gallardón ya estableció por decreto unas condiciones de «trato digno» hacia su persona. «No hace falta ni una ley ni un decreto. Hay un acuerdo de tiempo inmemorial por el que se dispuso alguna consideración con respecto a los presidentes», señaló Leguina. Se refiere en concreto a la orden aprobada en 2001 por el Ejecutivo del PP, en el que se garantizaba un coche, conductor y secretaria al expresidente. Leguina, por entonces diputado regional, renunció a un despacho. En este momento, los tres exmandatarios tienen una oficina propia en el número seis de la Gran Vía, sede del Consejo. La Comunidad paga un alquiler de 271.832 euros por ella.

El Gobierno regional ya ha dado luz verde para que se envíe a la Asamblea el proyecto de ley que derogará el Consejo Consultivo, cuyo coste ascendió a 3,5 millones de euros el año pasado; de los cuales, 2,3 millones fueron en gastos de personal. De hecho, uno de los aspectos polémicos es la elevada remuneración que perciben los altos cargos del órgano, presidido por Ignacio Astarloa: 100.500 euros al año.

Tanto Leguina como Gallardón han expresado en público sus discrepancias con el cierre anunciado. «Es una barbaridad», se ha quejado el socialista, miembro del órgano desde su creación, en 2008. El exalcalde de Madrid, que se incorporó al Consejo tras su dimisión como ministro de Justicia el pasado mes de septiembre, también mandó su dardo a Cifuentes. Es «inteligente», dijo, aprovechar la «experiencia» de quienes han estado al frente de la Comunidad. La reunión celebrada ayer ha ayudado a calmar los ánimos del expresidente más beligerante en público con este tema. Ignacio González, que se incorporó en junio al Consejo pese a conocer el rechazo que suscitaba en Cifuentes, no se ha pronunciado al respecto. PP y C’s perfilarán en próximas fechas qué «salida digna» ofrecerán a los expresidentes.