Las propuestas más disparatadas del programa de Gobierno de Carmena

Otras medidas muy cuestionadas es la pretensión de crear un banco público «municipal-regional» que «financie los proyectos sociales y de empresas y cooperativas que fomenten la economía productiva». Se estima que su puesta en marcha precisaría de hasta 20.000 millones de euros, lo que supone casi 5 veces el presupuesto municipal (.4.388 millones en 2015). Además, plantean el impago de la deuda, como ha defendido abiertamente Mauricio Valiente, exdirigente de IU ahora en el nuevo partido.

También se ha cuestionado los métodos para cumplir con una de sus propuestas estrella, como es la paralización de todos los desahucios y desalojos forzosos de primera vivienda, lo que según algunos expertos reventaría el mercado del alquiler en Madrid, ante el temor de los propietarios que alquilan sus casas y que no podrán echar al inquilino por impago .

Ahora Madrid desea que todos los servicios municipales ahora externalizados vuelvan a ser de gestión pública, como la limpieza, lo que supone que se deben crear cientos de plazas públicas de nuevos funcionarios, con el consiguiente incremento del gasto público.

Otra proposición de lo más polémica es su idea de fiscalizar los contratos vigentes con empresas de seguridad para, «en la medida de lo posible, llegar a su extinción». La gran incógnita es si Ahora Madrid piensa rescindir los contratos con esas empresas privadas para «funcionarizarlas» o es que pretende prescindir de la seguridad de los cerca de 1.500 inmuebles vigilados en la capital, que dan empleo a unos 9.000 trabajadores.

También pretenden llevar a cabo una auditoría de las ventas de patrimonio municipal y «establecer una estrategia de reversión», es decir, de recompra. Al margen del coste que supondría, choca seguramente con el interés de los propietarios actuales, a quienes no se puede expropiar.

En programa hay un apartado dedicado a la «Mejora de la calidad de vida, reconociendo la diversidad de la población de Madrid». Aquí la formación política identifica el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche directamente con racismo. Así, se compromenten a «desarrollar planes específicos contra la xenofobia», que pasa por el cierre de este centro, «que priva de libertad a personas por una mera falta administrativa». La propia Manuela Carmena debería saber que ningún centro «priva» de la libertad, sino que es un juez, y una orden judicial, la que acuerda esa privación. Además, el centro depende del Ministerio del Interior, y no del Ayuntamiento.