Cifuentes prohíbe una manifestación xenófoba con el lema «¡Alto a la invasión!»

El lema de la manifestación era la «Denuncia pública de la inmigración masiva, que constituye una auténtica invasión de nuestra patria, así como para exigir la defensa férrea de nuestras fronteras». La resolución prohibitiva se basa en los informes de la Jefatura Superior de Policía y de la Abogacía del Estado.

El convocante en las redes sociales de esta manifestación es la plataforma «España en marcha» que engloba a los partidos Alianza Nacional, la Falange, Acción Juvenil Española y Democracia Nacional, pero ante la delegación ha sido Alianza Nacional la solicitante.

Los organizadores comunicaron la concentración hace unos días al organismo gubernamental a raíz de los últimos asaltos de inmigrantes en Melilla y a lo ocurrido en la frontera de Ceuta, donde el 6 de febrero murieron una quincena de inmigrantes intentando entrar en España.

«En principio debemos partir de que constituye un valor constitucional el de la igualdad y la dignidad de todas las personas, con independencia de su lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social (arts. 9 y 14 de la CE), por lo que una manifestación que tuviera por objeto o existieran razones fundadas de que durante su desarrollo se va a atentar contra dichos valores no podría ser tolerada por las autoridades, puesto que no se respetarían con dicha manifestación los valores y límites que impone nuestro ordenamiento Constitucional», señalan los fundamentos de derecho de la resolución sobre el lema de dicha protesta.

En este punto, recuerdan que la provocación a la discriminación o la difusión de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, constituye un delito tipificado por el artículo 510 del Código Penal, «por lo que la autoridad gubernativa que tuviera razones fundadas para apreciar que la manifestación tuviera por objeto realizar estas conductas, no podría consentir su realización, debiendo prohibirlas o disolviéndolas [...]».

Por otro lado, la resolución recuerda que la plaza de Lavapiés es punto de reunión de un gran número de personas inmigrantes, «circunstancias éstas que lógicamente pueden desencadenar la respuesta de grupos antagónicos con el consiguiente riesgo para los propios asistentes a la concentración».

Alega que concurren en el presente caso razones «objetivas y fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas y los bienes», una de las cláusulas que limitan el derecho de reunión que se fijan en el artículo 21 de la Constitución España. Y para ello se basan en diversa jurisprudencia que así lo especifica.

Igualmente la Policía destaca como reciente el ataque con bengalas a la sede de SOS Racismo, donde colgaron la pancarta «Denunciáis a los que protegen nuestra fronteras. Alto a la invasión. Los españoles también nos ahogamos. SOS Racismo, organización antiespañola».

Otros antecedentes que se mencionan son anteriores manifestaciones de la extrema derecha en Lavapiés se han organizado contramanifestaciones de grupos de extrema izquierda, «dando lugar a graves alteraciones del orden público».

La Jefatura Nacional de Policía ha contrastado además a través de redes sociales, en concreto en la cuenta de Twitter de Democracia Nacional, que se están difundiendo mensajes con contenidos amenazantes como: «Ése día todos con bates rollo el oso judío y a cortar cabezas huecas» o «Stop hijos de puta como vosotros no vais a pasar», según han indicado las mismas fuentes.