Las rifas basadas en el número de Lotería de Navidad no pueden premiar con dinero

La Regulación del Juego , en concreto la ley que establece las bases de las rifas de interés particular y cuya periodicidad es ocasional —como máximo puede ser de caracter anual—, permite así que colegios, parroquias, bares, clubs y todo tipo de asociaciones, sorteen el 22 de diciembre desde las tradicionales cestas navideñas, los ansiados jamones y las modernas «tablets», hasta otros regalos más llamativos como coches o incluso casas. Todo ello gracias al mismo número ganador del mítico sorteo.

«No es necesaria una autorización previa de la Dirección General de Ordenación del Juego, pero sí que deben pagarse unas tasas que en la actualidad ascienden a los 100 euros por rifa », cuenta Joaquín Muñoz, abogado de Abanlex . Eso sí, el experto explica que hay que entregar cierta documentación, cumplir unos requisitos y, además, los organizadores de la rifa deben pagar el impuesto correspondiente a las actividades del juego, que son de un 20 por ciento de los ingresos brutos obtenidos de la participación; mientras que si se organiza con un fin benéfico el tipo es del siete por ciento.

Sin embargo, «la mayoría de asociaciones, bien por desconocimiento bien por afán recaudador, no cumplen con estos requisitos », reconoce el abogado. Esta realidad, si bien en muchas ocasiones no conlleva un mayor problema, puede llevar a irregularidades e incluso a estafas. Sin ir más lejos, en 2013 se celebró un juicio en Zamora después de que un hombre afortunado en una rifa asociada al número de la Loteria de Navidad de 2009 no lograra su ansiado premio, un Audi A3. La promotora del sorteo se enfrentó después con una petición de hasta dos años y medio de cárcel por un presunto delito de estafa.

Mediante la comunicación oficial de la celebración de la rifa, la Dirección General de Ordenación del Juego se asegura de que el organizador de la rifa se haga cargo del premio o de que, simplemente, se realice el sorteo, cuenta Muñoz. En los populares sorteos de inmuebles realizados en los últimos años, se han llegado a dar ocasiones en las que, tras vender las papeletas, los dueños del piso se daban cuenta de que con eso no cubrían sus expectativas y lo anulaban, algo que la regulación no ampara .

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