Botella ya tiene ultimado un gran dispositivo para limpiar las calles
Empresas y sindicatos no avanzan ni un milímetro, mientras el ultimátum se agota; A las cinco de esta tarde finaliza el plazo que dio a ambas partes para que alcancen un acuerdo
Botella ya tiene ultimado un gran dispositivo para limpiar las calles
La alcaldesa de Madrid Ana Botella ya tiene preparado el dispositivo para que trabajadores de la empresa pública Tragsa comiencen a limpiar Madrid el sábado por la mañana. Ayer por la tarde lo cerró su equipo con el presidente de la firma, Miguel Giménez ... de Córdoba . Pocas horas antes, sindicatos y empresas de limpieza viaria de Madrid mantenían un encuentro en el que no avanzaron ni un milímetro en sus posturas. Esta mañana la empresa ha ofrecido a los trabajadores reducir el ERE de 1134 personas a 296 –manteniendo una bajada salarial de 43% más un 12% adicional en pagas y festivos– que no ha logrado convencer a los sindicatos. A las cinco de esta tarde finaliza el plazo que la alcaldesa dio a ambas partes para que alcancen un acuerdo.
Si a esa hora no se ha acordado una solución, se comunicará al Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos decretados para esta huelga indefinida de limpieza viaria. Y a continuación, se firmará un convenio con el Ministerio de Agricultura para que éste haga una encomienda de gestión a Tragsa, que empezaría a trabajar el sábado a primera hora. Su misión consistirá en cumplir los servicios mínimos: poner en la calle a unos 2.500 barrenderos con maquinaria suficiente para empezar a retirar las toneladas de basura y restos acumulados en Madrid.
La hora del bocadillo
Los representantes de las empresas se reunieron por la mañana, el jueves, con los portavoces sindicales para hablar, por primera vez de forma oficial desde que se inició la huelga hace hoy once días, del convenio colectivo —que expira el 31 de diciembre—. Hasta ahora, los encuentros se habían limitado a la tramitación de los expedientes de regulación de empleo que han planteado tres de las cuatro empresas que tienen adjudicado este servicio.
En el de ayer, según fuentes sindicales —las empresas declinaron dar su versión—, se les ofrecieron las mismas condiciones ya conocidas de reducción de despedidos —de 1.134 a 625— y bajadas de sueldo —en torno al 20% según la empresa, y de más del 43% para los sindicatos—. La única novedad, indicaron éstos, fue que «se nos permitía mantener el tiempo libreen la jornada para tomar el bocadillo, que en la anterior protesta querían eliminar». Ellos, por su parte, ofrecen «dos años de congelación salarial a cambio de que no haya despidos». La tesis no prosperó.
Polémica por Tragsa
Los sindicatos estaban muy pesimistas al cierre de esta edición: apenas quedan unas horas para que venza el ultimátum de Botella sin que se vislumbre luz al final del tunel . Y poco más de un día para cerrar el ERE: el 16 de noviembre. «Puede que los 1.135 despedidos terminen haciendo una huelga de hambre», avanzó Juan Carlos del Río, de UGT. Se teme que la entrada en escena de los trabajadores de Tragsa, el sábado, puede dar lugar a conflictos.
La fórmula de acudir a Tragsa para que cubra los servicios mínimos que no se están cumpliendo es criticada por los sindicatos, que la consideran una vulneración del derecho de huelga. Entre los expertos han división de opiniones: Federico Durán, del despacho de Garrigues, cree que el Ayuntamiento tiene derecho a poner a otra empresa a cumplir los mínimos aunque no haya alerta sanitaria y aunque el paro sea legal, informa Efe. La alerta sanitaria también lo justificaría, asegura Alejandro Vidaller, de abogados Jausas. Y José Manuel Martín, de Sagardoy Abogados, entiende sin embargo que no se puede sustituir a los trabajadores por otros: «Está prohibido expresamente».
Existe un precedente, en el Ayuntamiento de Alcorcón, por un recurso de UGT contra el decreto de servicios mínimos que fijó el alcalde David Pérez para la limpieza de escuelas infantiles en la huelga general del 29 de marzo de 2012. El Tribunal Superior de Justicia desestimó el recurso y añadió jurisprodencia del Constitucional según la cual en las huelgas en empresas que prestan servicios de «inaplazable necesidad» para la ciudad la autoridad municipal puede acordar medidas que «aseguren el funcinamiento de esos servicios».
CEIM pide diálogo
Desde la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), se reclamaban ayer soluciones «inmediatas» a este conflicto ante los «perjuicios» que está provocando, tanto económicos como a la imagen exterior de Madrid y a los ciudadanos. La patronal madrileña se mostró «dispuesta a favorecer la vía del diálogo» entre empresarios y trabajadores del sector.
La gestión de Botella sigue recibiendo críticas y apoyos. Entre estos últimos, ayer llegó la voz clara de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, quien señaló que «cuando son servicios asistenciales una tiene que coger las riendas y no hay más remedio que dar algún mandoble». En su opinión, «la alcaldesa ha hecho lo que tenía que hacer. Aunque los servicios estén externalizados, tienen que mojarse y decir "hasta aquí hemos llegado"».
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