Intervención advierte de irregularidades en la gestión de algunos centros concertados

Así consta en el informe de la Intervención, fechado el 14 de octubre de 2013, y facilitado este jueves por la diputada de Compromís, Mónica Oltra, en las Corts. Precisamente fue este grupo político el que presentó el año pasado una denuncia por la gestión de estos centros concertados, y seguidamente el fiscal Anticorrupción lo ha puesto en conocimiento del juzgado al observar presuntos delitos de malversación, prevaricación y falsedad documental. Actualmente el juez mantiene abierta una investigación para depurar posibles responsabilidades.

En este informe de la Intervención, que según Oltra "ya conocía" la consellera de Educación, María José Català , se señalan diferentes irregularidades en la gestión de algunos centros concertados por parte de la Administración pública, y acaba recomendando modificar la normativa para, entre otros aspectos, definir de forma más precisa los gastos financiables.

El interventor señala que hay una vulneración "generalizada" de la obligación de los centros de informar de la voluntariedad en la realización de actividades complementarias; y del principio de gratuidad de la enseñanza al obtenerse ingresos por los centros tales como agendas, material didáctico o cajas de herramientas.

Además, indica que en todos los centros muestreados, el precio diario del menú del comedor escolar excede del precio máximo fijado por la Administración en determinados meses en función de los días lectivos, y que existe "contradicción" de la instrucción de 2008 que regula las comunicaciones y solicitud de autorizaciones de las actividades complementarias, extraordinarias y servicios escolares.

Asimismo, la Intervención mantiene, respecto a la justificación de los gastos de funcionamiento, que se han excluido gastos presentados por los centros por no reunir los requisitos definidos en el concierto educativo y en la normativa en vigor --facturas de cursos anteriores, facturas cuyo destinatario no es el centro y/o facturas de gastos no relacionados con la actividad docente--, cuyo importe asciende a 184.820,14 euros.

También se advierte, en este sentido, de que en la mitad de los casos analizados se incumple con la forma y el procedimiento de realizar la justificación: no se presenta prorrateadas proporcionalmente al número de unidades concertadas por nivel y/o no especifica la cantidad recibida para cada uno de los niveles educativos.

En relación con los gastos de personal con pago delegado, la Intervención indica que se abonan nóminas sin haberse prestado servicios (6.236,57 euros) y complementos retributivos eliminados por sentencia judicial; también indica que existen unidades que incumplen con los ratios de alumnado mínimo establecidos en el concierto, con el consiguiente coste injustificado de gastos de personal.

También afirma que algunos centros exceden el límite de horas autorizadas en el conjunto de todos los niveles y unidades concertadas y que la administración no practica retenciones a cuenta del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre las cantidades que abona como remuneración del trabajo realizado por los profesores religiosos de enseñanza concertada.

Ante esta situación, la Intervención, en su informe, aconseja modificar la normativa vigente en relación con la gestión de conciertos educativos en el ámbito de la Comunitat, haciendo especial hincapié en definir de forma "más precisa" la tipología de gastos financiables, que en todo caso deberán estar directamente relacionados con el funcionamiento ordinario de la actividad docente concertada.

También recomienda imponer a los centros plazos, responsabilidades y cauces de comunicación de información básica para la gestión de los fondos --incidentes en nómina, cambios horarios, desdobles, refuerzos y comunicaciones y autorizaciones respecto de las actividades y servicios escolares--; y adecuar la regulación vigente de las actividades complementarias, extraescolares y servicios complementarios a lo dispuesto a la Ley Orgánica de Educación.

Junto a ello, se aboga por definir por la Subdirección General de Centros Docentes mecanismos y protocolos de control que detecten y corrijan deficiencias; establecer mecanismos de coordinación entre la Inspección Educativa y el Servicio de Centros Concertados; y clarificar con la Agencia Estatal de Administración Tributaria el régimen de retenciones aplicable a los pagos realizados a los religiosos.