¿Debe regularse el uso de los dispositivos móviles por parte de los menores? ¿Estáb calculados los riesgos que entrañan las redes sociales para los niños? Las nuevas tecnologías plantean retos a la Justicia ante los que la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, considera que cuando el teléfono móvil se convierte en medio para cometer un delito debe tener "consecuencias", y ha propuesto confiscar estos teléfonos a los menores de edad que los usen para "causar daño", por ejemplo, grabando a los compañeros.

Gisbert se ha referido así a una de las medidas planteadas por su departamento para incluir en la Ley del Menor, tras la conferencia que ha ofrecido en las jornadas sobre menores y medios de comunicación tituladas "¿Es necesaria una reforma legislativa?", organizadas por Mujeres Periodistas del Mediterráneo en Les Corts Valencianes.

La fiscal ha defendido que la legislación actual protege "adecuadamente" a los menores pero que, no obstante, en la práctica, no impide que se den injerencias en su derecho al honor, intimidad y propia imagen.

En ese sentido, ha considerado necesario que, si la ley establece que esa intromisión, para que sea ilegítima, la ha de consentir el menor, "ha de estar muy claro" cuándo el menor puede consentir y cuándo deben hacerlo sus padres o tutores.

"La madurez de un menor tiene muchas interpretaciones en el Código Civil, por lo que creo necesario fijar de una vez por todas un criterio que ampare a los menores y aclare a los progenitores cuándo puede consentir el menor, por ejemplo, difundir determinada fotografía suya", ha señalado.

También ha llamado a la ética y deontología profesional de los medios de comunicación cuando se trate de menores y, aunque legalmente estén legitimados para difundir algunas imágenes, no lo hagan, y ha reclamado evitar que se den imágenes de menores y de todos aquellos "datos colaterales" -colegio, barrio, padres- que puedan identificarles.