Campaña de acoso y derribo a la Comunidad Valenciana

Fabra se plantó ayer a Fitur con los deberes hechos. La Comunidad Valenciana es una de las cuatro autonomías que creó empleo neto el pasado año (20.000 trabajos en el último trimestre) y tanto el sector turístico como las exportaciones crecen el doble que la media nacional. Las perspectivas para 2014 apuntan hacia aumentos todavía superiores. En el ámbito administrativo, la Generalitat ha logrado reducir gastos por más de 2.000 millones de euros en una ejercicio de contención sin precedentes.

Sin embargo, el jefe del Consell reveló su hartazgo ante una agenda política marcada por el aluvión de preguntas relativas a la querella presentada (y admitida a trámite por un juzgado de Valencia) por el «pseudosindicato» Manos Libres contra la secretaria autonómica de Organización, Esther Pastor , a cuenta del pago a cargo de fondos públicos de unas estancias hoteleras.

Fabra se preguntó si seis pernoctaciones en hoteles que cuestan cien euros son motivo para generar una noticia de ámbito nacional con la cantidad de altos cargos que hay en España.

El Gobierno autonómico tiene la convicción de que tras la sucesión de filtraciones de documentos internos de la Generalitat –entre los que también figuran facturas para la adquisición de productos para el comedor del Palau o el contrato de un «coach» del propio Fabra que quedó sin efecto– se encuentra una campaña orquestada por formaciones de izquierdas para desgastar electoralmente al PP al precio que sea, «asistida» por el «fuego amigo». Incluso, aunque sea bajando al terreno de las relaciones personales, en un momento en el que el tripartito se ve cerca del poder .

Esta campaña sucede a la emprendida meses atrás por la Asociación contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana. Una entidad en la que la transparencia brilla por su ausencia. Sus denuncias lograron amplio eco mediático, pero acumularon sucesivos archivos en los juzgados.

La Generalitat ya dictó en diciembre una orden interna para reforzar el control sobre las filtraciones.

Al respecto, Fabra expuso ayer que se está investigando quiénes son los autores de las filtraciones «para que digan sus intereses ocultos» aunque dejó entrever que algunos de ellos pudieran estar en la órbita de Radio Televisión Valenciana (RTVV). En ese sentido, apuntó que a «alguno» le han «fastidiado» las decisiones importantes que se han tomado en la Comunidad Valenciana (que acordó el pasado mes de noviembre el cierre de la empresa pública) y «tendrá que responder –reiteró– por los intereses ocultos que hay detrás para hacer que cuestiones menores adquieran una dimensión nacional».

El jefe del Consell advirtió de que «estamos hartos de que esas personas lo único que quieran es dejar a la Comunidad Valenciana y al Gobierno autonómico a los pies de los caballos», y avisó de que constituye un delito «sacar de la Generalitat una serie de datos». Afirmó que todos los gastos de la secretaria autonómica de Organización son «propios» de la Generalitat y, por tanto, no son gastos personales, y agregó que hay una agenda y unos actos programados.

Según sostuvo, algunas informaciones son «malintencionadas» y «hacen ver cosas que no son». Al respecto, sentenció que «tanto sus desplazamientos fuera de la Comunidad como los gastos que se han producido» son gastos propios de la Generalitat.

En una tensa comparecencia, el presidente agregó que cuando se dicen estas cosas, hay que demostrarlas «y para eso está la Justicia», e indicó que el Gobierno valenciano aportará toda la documentación para demostrar que «aquí no ha pasado absolutamente nada».