El BIC del Oasis de Maspalomas reaviva el enfrentamiento entre Rivero y Bravo de Laguna

El episodio añade un capítulo más al enfrentamiento entre los gobiernos de Paulino Rivero —el regional— y de José Miguel Bravo de Laguna —el insular grancanario— no solo sobre este asunto sino también acerca de la controvertida moratoria turística sobre hoteles de cuatro estrellas.

El presidente del Cabildo grancanario había aplaudido en un principio el anuncio de la semana pasada, aunque días después dirigió un escrito al presidente Rivero solicitándole que se expidiese sobre la tramitación del BIC, dentro de un plazo que vencía el próximo sábado, 9 de agosto. Pero la publicación, ayer, del decreto ha empujado a Bravo de Laguna a considerar la vía legal para presentar batalla contra el ejecutivo de Rivero.

El decreto considera discutible que exista una vinculación de Maspalomas con los viajes de Colón, lo que era una de las bazas del BIC, y la tacha, entre otras cosas, de «supuesta», «hipótesis» o «desiderata». Sobre todo, sostiene que ha sido promovida para servir a unos «fines distintos» a los que la Ley de Patrimonio Histórico atribuye a la figura del BIC.

La finalidad que persigue el Cabildo, añade, es la «de alterar las normas de ordenación urbanística de la llamada franja de terreno del Oasis de Maspalomas y evitar la construcción de un gran hotel en la zona que merme los valores de áreas que ya están protegidas» por otros instrumentos legales, como el BIC del Faro, la Reserva Natural de la Charca o la protección genérica que tiene la palmera canaria.

El gobierno regional reprocha además al cabildo que se haya «olvidado de explicar y exteriorizar las razones» por las que pretende dar un giro de esa envergadura a la ordenación que se ha mantenido «pacíficamente» en esta zona.