Bravo de Laguna afirma ser víctima de «un linchamiento inaudito»

Bravo de Laguna quiso dejar claro que no ha cometido ilegalidad alguna y que su relación profesional con Cristóbal Rodríguez Marichal, quien ahora lo acusa de favorecer intereses privados en la declaración de BIC, terminó en el mismo instante en que juró su cargo como presidente del Cabildo. A su juicio, el objetivo de la denuncia del empresario y la mediatización del asunto no es otro que su «cabeza» y «contaminar» el expediente del Oasis.

El dirigente insular, que declinó participar en la votación por referirse a un tema que le atañe a él y a su hija Elena directamente (la hija ha visto también su nombre en medios locales por ser ahora la responsable del despacho profesional de Bravo de Laguna), vio cómo los votos de los 15 consejeros del grupo de gobierno rechazaban la petición de los ocho de PSOE y CC. Nueva Canarias se abstuvo. Carmelo Ramírez, representante de esta fuerza política, aclaró la abstención sobre la base de lo innecesario de investigar políticamente un asunto que ya está en la justicia, tras la denuncia del susodicho empresario.

«El objetivo de todo esto, aparte de mi cabeza, claro, que puede ser más o menos valiosa según para quienes, es contaminar jurídicamente este expediente», sentenció el dirigente del Partido Popular, quien deslizó de este modo un mensaje subrepticio en clave política. «Jamás», insistió, «jamás he hecho ningún negocio». Bravo de Laguna puso énfasis además en calificar de «miserable» el «ataque» urdido contra él, sobre todo por involucrar a su hija, y repitió en varias ocasiones una pregunta: «¿De qué se me acusa?».

Bravo reveló, incluso, que fueron 18.000 euros los que su entonces negocio recibió allá en 2009 por asesorar a Marichal, cuando aún no era presidente del Cabildo. «Me pueden acribillar moralmente, y algunos querrán quizás hasta físicamente, pero no me van a encontrar de rodillas», dijo ante lo que considera un «enseñamiento periodístico».