Coalición Canarias y el PSOE se niegan a modificar la ley turística

Una propuesta que, en esencia, implicaría incluir en la norma una excepción: que en esta isla puedan construirse nuevos hoteles de cuatro estrellas sin limitación alguna. El presidente de la corporación insular, José Miguel Bravo de Laguna, puntualizó que esa excepción permitiría solventar el recurso que el Estado ha elevado al Tribunal Constitucional, recurso que ha dejado sin efecto los preceptos de la ley que establecen tales limitaciones.

Fue precisamente Bravo de Laguna quien abrió el intercambio y enfrentamiento de ideas ayer en la Cámara regional. Desde la tribuna de la institución que presidió entre los años 1995 y 2003, el ahora dirigente del Cabildo de Gran Canaria argumentó que rechazar la «toma en consideración» de la proposición (esta «toma en consideración» ni siquiera habría implicado un asenso a su contenido, tan solo debatirlo) resultaría «contrario al valor institucional de los cabildos».

Bravo de Laguna expuso de nuevo las razones que llevan a la corporación a considerar la norma turística «mala» para los intereses de la isla, una tarea a la que se sumaron los portavoces de los grupos mixto, Román Rodríguez (Nueva Canarias, NC), y popular, Miguel Jorge Blanco. Los tres, como también Carmelo Ramírez, representante de NC en la institución insular, explicaron, en síntesis, que el segmento de mercado de las cuatro estrellas está infraexplotado en Gran Canaria, de ahí que no entiendan las razones (que trataron de desmontar) por las que el gobierno de Paulino Rivero no quiere ni oír hablar de modificar la ley, cuando menos no antes de que cumpla un año.

Tanto Emilio Mayoral, del PSC-PSOE, como María del Mar Julios, de CC, pusieron énfasis en la pertinencia de «dar una oportunidad», en palabras del primero, a la nueva norma. Julios pidió al PP que solicite al Gobierno que retire el recurso de inconstitucionalidad.