La «mafia» de Munar

En esta situación se encontrarían el exconsejero de Territorio del Consejo de Mallorca, Bartomeu Vicens , y el propietario de la empresa Sacresa, Román Sanahuja , que han visto rebajadas de manera sensible las peticiones iniciales de cárcel solicitadas por el Ministerio Público al inicio del juicio. Vicens y Sanahuja han reconocido que hace siete años se pactó el pago de un soborno de cuatro millones de euros a la institución insular . Carrau ha afirmado, en este contexto, que las confesiones de encausados son «la demostración de la fortaleza del Estado».

Los hechos investigados en este caso se remontan a 2006, cuando el Consejo de Mallorca decidió vender Can Domenge a la UTE conformada por Sacresa y Ferrà Tur, que ofrecía 30 millones de euros, en lugar de decantarse por otras ofertas supuestamente mejores, entre ellas la que presentó Núñez y Navarro, que hubiera pagado 60 millones. Precisamente, el abogado de esta última empresa, Cristóbal Martell , ha intervenido también en la sesión de hoy, en donde ha indicado que los acusados en este caso «son todos gente ilustrada» y que, por lo tanto, «no son, con perdón, alcaldes de pueblo que van con la boina». Para Martell, los expolíticos ahora juzgados no pueden escudarse en una supuesta «dejación por negligencia» para intentar ser exculpados de los delitos que se les imputan.

La Fiscalía ha venido sospechando desde el principio que Sacresa habría dispuesto de información privilegiada antes de la convocatoria del concurso público que permitió la enajenación del solar de Can Domenge, lo que habría facilitado que la oferta que presentó esta compañía se ajustase perfectamente a los requisitos exigidos por la institución insular. En este sentido, Carrau ha señalado hoy que la entonces presidenta del Consejo de Mallorca y de Unión Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar, habría estado «en el inicio y también en el final» de todo ese proceso presuntamente fraudulento.

El Ministerio Público ha decidido, finalmente, mantener la petición inicial de seis años de cárcel para Munar, y rebajar en cambio su solicitud para los tres antiguos consejeros acusados en este caso, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer. Originariamente, los cuatros habían sido encausados por los presuntos delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos. Los otros dos acusados en esta causa son el propietario de Sacresa, Román Sanahuja, para quien se pedían dos años de cárcel, y el abogado Santiago Fiol, para quien se solicitaba un año y medio.

Una vez escuchados todos los testimonios, los fiscales piden ahora cuatro años de cárcel para Nadal , un año para Flaquer y ocho meses para Vicens. En cuanto a Sanahuja, sólo se solicita un año de prisión para él. Además, se ha retirado la acusación de revelación de secretos a Flaquer.

Carrau ha defendido también hoy que las penas solicitadas para los acusados en este juicio son tan elevadas porque los delitos de corrupción, a diferencia de los económicos, «atacan a la estructura democrática del Estado» y «prostituyen las instituciones».

El abogado de la acusación particular ejercida por el Consejo de Mallorca, Miquel Coca , presentó ya ayer sus conclusiones en este caso. La institución insular ha decidido rebajar finalmente su petición originaria de una indemnización por responsabilidad civil de 30 millones de euros, que se queda ahora en 15 millones. De momento, ya se ha llegado a un acuerdo con uno de los encausados, Román Sanahuja, que aportará en breve tres millones al Consejo. Los 12 millones restantes deberían ser aportados por los otros acusados si fuesen condenados por el tribunal.