Un acusado exculpa en parte a Munar en el «caso Can Domenge»

Nadal ha corroborado en parte los argumentos expuestos ya en el escrito que entregó ayer poco antes de la reanudación del juicio. En dicho escrito se señalaba que, al parecer, Sacresa habría contribuido a fijar -en connivencia con Nadal- las bases del concurso público convocado en 2005 para la venta de los citados terrenos. De este modo, esta empresa pretendía garantizarse la adjudicación de Can Domenge, que además se habría asegurado con el pago de un soborno de cuatro millones de euros.

Este último punto fue confirmado ayer ante el juez por el propietario de Sacresa, Román Sanahuja . En su declaración de hoy, Nadal ha matizado que el proceso administrativo que se siguió hasta la adjudicación del solar habría sido, pese a todo, "impecable", pues el supuesto soborno se habría planteado sólo "en el momento de la adjudicación". De este modo, la expresidenta del Consejo de Mallorca, Maria Antònia Munar, quedaría exculpada, al menos en parte, de ser la instigadora de supuestas irregularidades en la convocatoria del concurso.

La afirmación de Nadal ha provocado que el fiscal Pedro Horrach haya considerado que hay contradicciones en las revelaciones del expolítico. Nadal también ha señalado que sobre el supuesto soborno -cohecho- declarará voluntariamente en el Juzgado pertinente. En cuanto al intermediario encargado de recoger el mencionado soborno, habría sido una "persona cercana" al exconsejero de Territorio, Bartomeu Vicens. Una parte del dinero negro entregado habría sido destinada, sin saberlo Sacresa, a la campaña electoral de Nadal como candidato a la Alcaldía de Palma en 2007.

En aquellos comicios, el PP obtuvo 14 concejales sobre un total de 29, pero no fueron suficientes para que la entonces alcaldesa, Catalina Cirer, pudiera seguir al frente del consistorio palmesano. Finalmente, Cirer fue relevada en el cargo por la socialista Aina Calvo, que sólo había sumado 11 ediles, pero que contó para su investidura con el voto de los dos ediles de la coalición econacionalista Bloc y de los dos que también obtuvo UM. En 2003, el PP había logrado mayoría absoluta y UM no consiguió ningún edil.

Cabe recordar que en el llamado "caso Can Domenge" se investiga la presunta enajenación irregular de los terrenos del mismo nombre por parte del Consejo de Mallorca, que hace ocho años decidió vender Can Domenge a la UTE conformada por Sacresa y Ferrà Tur, que ofrecía 30 millones de euros, en lugar de decantarse por la oferta presentada por Núñez y Navarro, que hubiera pagado 60 millones. La Fiscalía pide seis años de cárcel para la expresidenta del Consejo de Mallorca, Maria Antònia Munar , y para tres antiguos miembros de su gobierno, Miquel Nadal, Bartomeu Vicens y Miquel Àngel Flaquer, por fraude a la Administración y revelación de secretos, aunque aún no por cohecho.

Por su parte, Bartomeu Vicens declaró ayer que Munar habría aceptado dinero negro en más de una ocasión y no sólo de la empresa investigada en esta causa. A preguntas del fiscal, Vicens hizo referencia al llamado "caso Son Oms", en el que se investiga la supuesta recalificación ilegal realizada en el polígono del mismo nombre. En esta segunda causa no se encuentra imputada Munar, aunque sí Vicens.

Vicens también afirmó -como había hecho hace dos semanas por escrito- que se habría pactado con Sacresa la entrega de un soborno de cuatro millones de euros. De esa cantidad, tanto Munar, como Nadal, una tercera persona y él mismo habrían recibido 450.000 euros, mientras que dos millones de euros habrían llegado a UM. En concreto, esa última cantidad habría sido entregada por Vicens a Munar en el propio Consejo de Mallorca. Los 200.000 euros restantes habrían sido para un empresario.

Finalmente, el exconsejero de Hacienda, Miquel Àngel Flaquer, defendió que siempre habría actuado conforme a la ley y, además, afirmó que desconocía las supuestas irregularidades en que habrían incurrido tanto Sacresa como UM.

El juicio del "caso Can Domenge" se había iniciado hace dos semanas, pero se suspendió de manera provisional después de que Munar hubiera pedido un aplazamiento tras haber decidido cambiar de abogado. Su letrado hasta entonces, Gabriel Garcías, fue sustituido por José Antonio Choclán. El juez de la Audiencia Provincial Diego Gómez-Reino acordó finalmente que la causa se reanudase el 19 de junio. Choclán pidió ayer la suspensión del juicio, solicitud que ha sido desestimada por el magistrado.