Aragón reduce la deuda de sus empresas públicas un 60% en menos de tres años

El entramado público empresarial del Gobierno aragonés sigue costando a las arcas autonómicas decenas de millones de euros y sus pérdidas continúan suponiendo una losa para las arcas autonómicas. Sin embargo, el proceso de saneamiento ordenado por Rudi cuando llegó al Ejecutivo regional, en julio de 2011, ha ido poniendo «a dieta» a este entramado de empresas públicas. Se ha ido restringiendo la inyección de fondos públicos en esas sociedades y se está controlando de forma estrecha su endeudamiento, que se ha reducido drásticamente en los últimos dos años y medio.

A finales del año 2011, la deuda del entramado público empresarial del Gobierno aragonés alcanzó su récord histórico, 477 millones. En los doce años en los que el PSOE presidió el Ejecutivo regional —de julio de 1999 a julio de 2011— se crearon múltiples sociedades públicas. Y el agujero que año tras año dejaban sus cuentas también se multiplicaba. Entre las de nueva creación figuran varias de las que más apuran al Ejecutivo regional por lo ruinoso de sus cuentas. El caso más notorio es el de la Plataforma Logística de Zaragoza, incursa además en múltiples causas por presunta corrupción ocurrida durante la etapa en la que el PSOE estuvo al frente del Gobierno regional.

A finales del año 2000, las empresas del Gobierno aragonés tenían una deuda de solo 12 millones de euros. Tres años después se había multiplicado por diez y ya ascendía a 128 millones. A finales de 2007 superaba los 200 millones de euros, y en cuatro años se disparó hasta los 477 millones de euros. En plena crisis económica, lejos de meterse en vereda las cuentas de resultados del entramado público empresarial, el Gobierno que presidía el socialista Marcelino Iglesias vio cómo se disparaba el volumen de fondos públicos que se inyectaba en ellas. Y, a pesar de eso, sus pérdidas se multiplicaban y, en paralelo, también lo hacía la deuda. Cada vez eran más y de mayor calibre los créditos que tenían que suscribir para mantenerse a flote, una deuda financiera que compromete directamente a las arcas de la Comunidad autónoma porque, en último término, es el Gobierno aragonés el que responde por la deuda de esas empresas de la que es dueño —bien como accionista único o como socio mayoritario—.

Durante los cuatro primeros años de la crisis económica, de finales de 2007 a finales de 2011, la gestión del Gobierno de Iglesias supuso disparar el endeudamiento de las sociedades públicas autonómicas un 119%. Es decir, aumentó en más del doble.