«Caso Plaza»: el saqueo de dinero público a costa de los aragoneses

Cinco juzgados y los expertos en delincuencia económica de la Policía Nacional llevan meses investigando las ramificaciones presuntamente corruptas que germinaron en Plaza S.A. en varios frentes. Las investigaciones se extienden ya a personas del círculo directo de confianza de Iglesias cuando era presidente del Gobierno argonés —ahora es portavoz del PSOE en el Senado—, así como a empresarios presuntamente partícipes de aquellos desvíos de fondos públicos que habrían sido pilotados desde la cúpula de Plaza.

Es curioso, pero hasta coinciden las cifras entre el dinero presuntamente desviado y la ruina acumulada por la empresa pública y que deberá digerirse ahora con los impuestos de los ciudadanos. De las investigaciones practicadas hasta ahora se sospecha que fueron al menos 100 millones de euros de dinero público los desviados a bolsillos privados. En unos casos, directamente con una estrategia de saqueo de fondos públicos. En otros, con anómalos manejos de presupuestos, adjudicaciones irregulares de contratos, abonos de sospechosos sobreprecios...

Cien millones de euros presuntamente desviados. Y, a la par, más de cien millones de euros declarados como pérdidas acumuladas por una sociedad pública que, entre desmanes y sospechosas gestiones, fue sumando ruina tras ruina, año tras año, pese a que, a la par, se tragaba multimillonarias inyecciones de dinero público que le llegaban desde los presupuestos de la Comunidad autónoma.

Y el chorreo de números rojos, aunque se ha amortiguado, sigue siendo multimillonario año tras año. En 2012, su spérdidas ascendieron a 14,72 millones de euros; en 2013, otros 12,26 millones de euros de pérdidas; y este 2014 ya se da por hecho que los números rojos serán de otros 11,83 millones.

Desde que nació la empresa pública Plaza, ha encadenado pérdidas que superan los 100 millones de euros. Y todo eso a la vez que se han inyectado fondos públicos de forma disparada, tanto para realizar obras —que, según la Policía, se aprovecharon como instrumento para la malversación de dinero público— como para salvar de la quiebra a esta sociedad, que lleva años caminando por el alambre de unas cuentas asomadas al precipicio. Solo para obras de urbanización, el Gobierno aragonés inyectó 130 millones de euros de una Plataforma Logística en la que se colocó la primera piedra en 2002.

Además, para mantener a flote la empresa se han tenido que desembolsar muchos millones más con cargo al presupuesto de la Comunidad autónoma. Por ejemplo, en 2014 se tendrá que hacer una «operación acordeón» —una simultánea reducción y ampliación de capital social— que le obligará al Gobierno aragonés a desembolsar 7,5 millones de euros. Y, además, necesitará otros 13,1 millones más como financiación extra que tendrán que aportar los socios de Plaza —el Gobierno aragonés es el accionista mayoritario, con casi el 60% de la sociedad—.

Este tipo de operaciones de «rescate» millonario a costa del erario de los aragoneses no son nuevas. Otro ejemplo: en el año 2012 el Gobierno aragonés facilitó a Plaza un préstamo participativo de 10 millones de euros, y le dio otros 7,5 millones de euros de aportación adicional para esquivar la situación de quiebra que repetitivamente arrojan sus cuentas anuales desde hace tiempo.

Esta sociedad pública arrastra un préstamo sindicado —otorgado conjuntamente por varios bancos— que asciende a 109,47 millones de euros. En menos de diez años, desde octubre de 2014 hasta julio de 2020, tiene que devolver todo ese dinero a quienes se lo prestaron. Es la tremenda losa de esta empresa pública por la que acaba respondiendo su dueño principal, el Gobierno aragonés. A la postre, todos los aragoneses.