Uribe, el primer expresidente de Colombia que irá a juicio, denuncia una persecución política

Las 13 páginas del escrito radicado ante el Complejo Judicial de Paloquemao de Bogotá, quedó en manos del juez 44 Penal del Circuito, quien liderará este proceso contra Uribe Vélez, el cual avanzará entonces por la ruta de la justicia ordinaria, por la que el hoy también exsenador optó cuando renunció en 2020 a su escaño en el Congreso y evitar un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, que a su parecer no le sería imparcial al considerar que no le daba las garantías necesarias.

Acudiendo a las redes sociales, ante la noticia el exmandatario aseveró que «este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganza políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia«. Sin embargo, Gilberto Villarreal, el fiscal delegado por la Corte Suprema de Justicia y quien presentó el escrito de acusación, lo hizo considerando que hay nuevas evidencias que, a cuatro días del vencimiento de términos, indicaban que era necesario darle fin a la fase de preclusión -dos solicitudes y ambas denegadas en su momento por jueces de circuito diferentes-, para dar inicio formal al juicio luego de seis años de haber iniciado la investigación.

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El documento es contundente en sus motivaciones, como se puede ver en estos apartes: «Álvaro Uribe determinó al abogado Diego Javier CadenaRamírez, para que directamente o por interpuesta persona, entregara y/o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos, para que faltaran a la verdad o la callaren total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas».

Y más adelante agrega: «Tras reuniones especiales que -en los primeros meses del 2017- propició o facilitó su pariente y exsenador de la república Mario de Jesús Uribe Escobar, Uribe Vélez impartió instrucciones precisas al abogado Diego Javier Cadena Ramírez, para que, directamente o con otras personas, ubicaran y contactaran a exparamilitares u otros ciudadanos que, a cambio de dinero en efectivo, promesas remuneratorias, servicios gratuitos u otras utilidades o beneficios, rindieran su testimonio sobre supuesta maquinación que los señores Pablo Hernán Sierra García, alias 'Pablo', 'Alberto Guerrero' o 'Pipintá', y Juan Guillermo Monsalve Pineda, alias 'Guacharaco', o 'Villegas', tenían para involucrar a los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez, en actos delictivos y de la que también haría parte el parlamentario Iván Cepeda Castro».

Lo anterior refleja que este caso es una ramificación de otro anterior (2012), cuando el expresidente demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos en su contra, a propósito de una denuncia que el líder de izquierda estaba por presentar ante el Congreso, según la cual Uribe Vélez tendría vínculos con el paramilitarismo, acusación en la que también estaba involucrado su hermano Santiago Uribe Vélez. Sin embargo, al contrario de lo esperado, la Corte no abrió investigación en contra de Cepeda y a cambio inició un proceso al expresidente por manipulación de testigos.

Sobre la acusación formal de la Fiscalía, el senador Iván Cepeda, reconocido como víctima dentro del proceso contra Uribe Vélez, dijo: «Hoy llega al final una decisión que consideramos es justa», y aseveró que el expresidente «tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia».

En presencia de delegados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que sesiona en Bogotá, y acompañado por miembros de la bancada de su partido político Centro Democrático, el pasado jueves Uribe Vélez se pronunció públicamente sobre el acaso, afirmando que nunca pidió buscar testigos y que su propósito fue el de verificar la información que estos estaban dando. Por su parte, en la misma reunión con la CIDH aportó informes y soportes según los cuales habría una manipulación de la justicia en su contra, en un contexto de persecución política, a su juicio.

Para empezar, al menos año y medio más de proceso, en los cuales Álvaro Uribe Vélez no estará en prisión, a menos que en algún momento del proceso un juez de conocimiento defina que existe una responsabilidad penal, cuya sanción es la privación de la libertad. En declaraciones al diario El Colombiano, el líder del grupo de abogados de Uribe Vélez, Jaime Granados, «tenemos que esperar que en la audiencia de formulación de acusación se realice plenamente el descubrimiento probatorio, pero debe quedar muy claro que la actividad investigadora de la Fiscalía cesó cuando radicó el escrito de acusación» y no puede aportar más pruebas, cosa que la contra parte sí podrá hacer. Los abogados de las víctimas, es decir del senador Cepeda, tendrán que soportar en esa serie de audiencias que llegan hasta octubre de 2025, por qué deben ser reconocidas formalmente como tales y sustentar sus acusaciones igualmente.

Según los cálculos de Granados, en octubre de 2025 habrán vencido los términos y se cerrará automáticamente el caso, mientras que Miguel Ángel del Río, abogado de las víctimas, afirmó que si bien «el 25 de octubre del año 2025 tendríamos ya el tiempo para que prescriba esta acción, haremos todo lo posible para presionar a la administración de justicia, para que se desarrolle este juicio a la mayor brevedad». De ser condenado, el exmandatario podría recibir ocho años de cárcel.