El Supremo de Colombia ordena la detención del expresidente Álvaro Uribe

Aunque la sala de instrucción de la Corte no se había pronunciado formalmente al inicio de la tarde en Colombia, el propio expresidente adelantó en su cuenta de Twitter la decisión: «La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la Patria», señaló, resguardado en la privacidad de su finca ganadera de El Ubérrimo.

Uribe Vélez fue mandatario entre 2002 y 2010 y ahora ejercía como senador por el partido Centro Democrático, grupo que fundó y del cual es el líder indiscutible, si bien la resolución judicial le suspende en ese cargo representantivo. Su principal pupilo, el hoy presidente Iván Duque , quien por estos días cumple dos años de su llegada al poder gracias al partido liderado por el expresidente, lamentó la decisión judicial al asegurar que «duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad o, inclusive, tengan garantizado jamás ir a prisión, y que a un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, -incidió el actual presidente- no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia».

Alegando la politización de la Justicia, los seguidores de Uribe Vélez argumentan que resulta paradójico que el luchador contra la guerrilla y el narcotráfico sea hoy procesado, procurando cuestionar las decisiones de la Corte y así pasar el argumento de lo estrictamente judicial al plano político, dejando de lado los cinco años de investigación adelantada por el magistrado César Reyes Medina.

El material probatorio en manos de la Corte Suprema es el que permitió la llamada a juicio al hasta ahora senador, cuyo caso se abrió en febrero de 2018 y en 2019 entró en esta fase final. Se trata de 2.400 folios, 27.000 audios y 10 meses de estudio que llevaron a la orden de detención preventiva domiciliaria, por decisión unánime de los cinco magistrados de la Corte. Esta medida se puede extender máximo por un año, tiempo en el cual la Corte debe avanzar otras pruebas.

Lo paradójico de este caso es que fue el propio Uribe Vélez quien inicio la historia en 2014, al acusar al senador Iván Cepeda , reconocido antagonista político desde la orilla de la izquierda, de estar comprando testigos en las cárceles para vincularlo en casos de paramilitarismo. En septiembre de ese año, el congresista Cepeda llevó a cabo un debate en el Senado sobre los orígenes del paramilitarismo en Antioquia. Como parte de su argumento, llevó testigos que afirmaron ser del bloque Metro de las Autodefensas y testigos de cómo, en la hacienda Guacharacas de la familia de Álvaro Uribe, nació el grupo paramilitar con apoyo de Santiago Uribe Vélez , hermano del exmandatario. A raíz de este debate, el expresidente demandó a Iván Cepeda, acusándolo de manipulación de testigos.

Pero el proceso tuvo un giro sorprendente cuando, en febrero de 2018, la Corte Suprema cerró el caso contra Cepeda, lo declaró inocente y, en cambio, abrió un proceso a Uribe Vélez por el mismo motivo -soborno y fraude procesal- por el que acusaba al senador de izquierda. Entonces empezó una batalla jurídica y política que hoy marca un hito sin precedentes en el país.

Los detractores del exmandatario coinciden en que se debe respetar el Estado de derecho, mientras en las redes sociales y los demás vocales consideran que este es un paso fundamental para la justicia, ya que consideran que Uribe Vélez procuró utilizar su poder y recursos ilegales para permanecer por encima de la ley.

Las tensiones políticas en Colombia van a aumentar, aunque aún falta un trecho en el proceso. Sin duda, el partido de gobierno sufre un fuerte golpe y el prestigio del expresidente queda muy dañado, pues der ser una figura con una aceptación del 80% en su mejor momento, hoy dos de cada tres colombianos cuestionan algunas de sus actuaciones e igualmente la virulencia con la que ha atacado el proceso de paz, reconociéndolo como uno de los grandes polarizadores de la política del país.