Trump coloca también a Petro en la mirilla de la droga

La «descertificación» (Washington deja de certificar un buen comportamiento de Bogotá en la lucha contra la droga) no irá acompañada, en una excepción, de las habituales sanciones o de sustanciales recortes en las ayudas económicas (en el caso de Colombia estas están básicamente relacionadas con la seguridad), pero ese señalamiento es un aviso que con un impacto político negativo sobre el Gobierno de Petro.

El notorio aumento del cultivo de arbusto de coca y de la producción de cocaína en los últimos años en Colombia ha sido documentado por la ONU. En 2023, el último ejercicio computado, la extensión de los cultivos ascendió a 253.000 hectáreas, lo que supuso un incremento del 24% respecto a 2021; el aumento estimado de la producción potencial de cocaína fue del 50%.

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Washington atribuye esa récord a los «intentos fallidos» de Petro de llegar a acuerdos con los «grupos narcoterroristas», en un proceso que fue bautizado como de 'Paz total' pero que solo ha «agravado la crisis». «Bajo el liderazgo del presidente Petro», indica el comunicado del Departamento de Estado, el Gobierno colombiano «no ha logrado cumplir ni siquiera sus propios objetivos de erradicación de la coca, ya de por sí muy reducidos, lo que ha socavado años de cooperación mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países contra los narcoterroristas».

Petro intentó evitar la descertificación afirmando los días previos que había pedido a la Corte Constitucional la posibilidad de utilizar la aspersión de glifosato, el producto químico usado en pasadas Administraciones para fumigar hectáreas de plantaciones de coca y que el Alto Tribunal prohibió en 2017. Con tal de influir en la decisión de Trump, el presidente no dudó en contradecirse a sí mismo, pues siempre ha descalificado el glifosato como dañino para la salud y el medio ambiente. Sin embargo, quedaba claro que no era más que una treta, pues de inmediato el ministro de Justicia dio por imposible esa solución.

Una vez publicada la declaración de Washington, Petro decidió pasar al ataque y anunció que Colombia dejará de comprar armas a Estados Unidos y que habrá una menor cooperación entre las Fuerzas Armadas colombianas y ese país. «Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos. No más limosnas ni regalos», escribió en las redes sociales. Sin embargo, Armando Benedetti, ministro de Interior y dirigente especialmente próximo a Petro, matizó esas palabras, indicando que son solo «a futuro».

La única descertificación anterior se produjo en 1997, cuando la Administración de Bill Clinton consideró que el presidente Ernesto Samper, acusado de llegar a la presidencia con el dinero del narco, no estaba combatiendo suficientemente a los carteles. Samper fue el presidente más a la izquierda que Colombia ha tenido en las últimas décadas antes de la llegada de Petro, quien por su parte proviene plenamente de la izquierda. Así como aquella descertificación vino a deslegitimar la presidencia a unos meses de las elecciones (un victorioso Andrés Pastrana firmó luego con Clinton el Plan Colombia por el cual EE.UU. se volcó en ayuda militar para derrotar a las guerrillas), ahora la declaración estadounidense puede tener como consecuencia el desgaste de lo que queda de la presidencia de Petro.

Con ello, Washington sitúa a Colombia en el mismo foco –el del narcotráfico– que a Venezuela, aunque las escalas son diferentes, pues al Gobierno venezolano se le acusa de ser el organizador mismo de las redes de droga a través del llamado cártel de los Soles, en cuya cúspide se sitúa a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello. En caso de que las elecciones de mayo de 2026 las gane la izquierda, es de prever que la Casa Blanca haga del narcotráfico la principal razón para un posible hostigamiento político de Bogotá.