Treinta años del brutal atentado a la AMIA: «Ojalá viva para saber por qué se encubrió»

Eran poco antes de las diez, momento en que Daniel Saravia pasaba cerca del edificio camino a entregar un trabajo de la universidad para después irse con sus amigos. Enfrente una vecina que estrenaba piso, Adriana Sibilla, deshacía con dos de sus hijos pequeños las maletas de la mudanza y Gabriela Terdjman, con 16 años, estaba durmiendo plácidamente en su cama. Fue entonces cuando el reloj al marcar las 9:53 congelaría la memoria de todos ellos para siempre. Estos nombres sobrevivirían a todo lo que vendría después. Hubo 300 heridos del que fuera el mayor atentado terrorista contra objetivos judíos que había tenido lugar fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Entre los supervivientes estaría Ana María que no volvería a ver a su hija con vida.

Porque también hubo 85 muertos, 85 nombres entre los que estaba Andrés Malamud, marido de Diana Wassner, secretaria de Memoria Activa, una de las organizaciones formadas por los familiares de las víctimas que han peleado por el avance de la causa. Nos explica que su esposo tenía 37 años y dos hijas de 5 y 2 años en ese momento. Era el arquitecto de la obra de la AMIA. Wassner cuenta que estaba en su casa a la hora del atentado, a unas 17 cuadras del lugar. Escuchó un estallido enorme, y salió al balcón para ver qué pasaba. Empezaron a llamar por teléfono preguntando por Andrés.

«Me sonó raro, puse la radio y ahí me enteré del atentado. Fui al lugar, cinco cuadras antes era como si hubiera una guerra, calles y vidrios rotos, gente ensangrentada corriendo, era toda una locura. Pensaba que estas cosas solo pasaban en las películas», explica. Cinco días después encontrarían el cuerpo de su marido. «Cuando uno se entera con el tiempo de que se sabía que esto iba a pasar y permitieron que ocurriese, es difícil de digerir», afirma.

Detalla que entre los implicados en obstaculizar el proceso para averiguar qué había pasado estaba «desde un expresidente de la nación que fue absuelto, un secretario de Inteligencia, un juez, fiscales, incluso uno de los presidentes de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Así como espías y jefes de policía», apunta.

Wassner recuerda que dos años antes había ocurrido otro atentado en la embajada de Israel, en Argentina, con 22 muertos y más de doscientos heridos que nunca se llegó a esclarecer, Vista esa impunidad, los familiares empezaron a entender que podría pasar lo mismo con la AMIA.

Con la misma impotencia, Adriana Reisfeld, presidenta de Memoria Activa, nos describe que ese día estaba tomando una clase de inglés, llamó su tía que tenía 80 años, y le dijo: «volaron la AMIA». Mi hermana Noemí Reisfeld, era asistente social de la asociación. Ayudaba a gente de la tercera edad. Solamente tenía que ir los miércoles, pero ese lunes una compañera le pidió cambiar los turnos.

«Mi hermana tenía dos nenas, pero ese fin de semana se quedaban con su padre. No sabía si estaba en el edificio, y como no era época de móviles llamé a su casa y le dejé dicho en el contestador, «Noemi, si volvés, llamame». Después entendí que uno nunca dice: «Si volvés». Todo el mundo vuelve, tendría que haber dicho: «llámame». Supongo que ya entonces tenía dudas».

La encontraron al sexto día, la causa de la muerte fue fallecimiento por aplastamiento. «Nunca supe si fue porque en la explosión se le cayó el edificio encima o porque los que acudieron a ayudar la aplastaron al caminar sobre los escombros», señala.

Las fuentes consultadas por ABC hablan de una investigación plagada de errores con obstáculos y encubrimientos probados desde las más altas esferas. El lector debería imaginar un atentado que marcase a su país y después de tres décadas es como si las averiguaciones siguieran en la casilla de salida y los arquitectos de ese atentado salieran impunes. Hay numerosos interrogantes que siguen sin resolverse.

Paula Litvachky, directora ejecutiva de CELS y abogada de la causa AMIA nos explica que este 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció que hubo vulneración de los derechos de las garantías judiciales y falta de acceso a la información. «Fue el propio Estado el que hizo todo mal», apunta.

Ejemplo de ello para Litvachky es que hace poco la dirección de análisis de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA (UFI-AMIA) sacó un informe confirmando que «Argentina había tenido información previa y alertas. La agencia de inteligencia ya estaba siguiendo a quienes sospechaban que habían sido cómplices o autores intelectuales del atentado en la embajada en 1992. Tenían que ver con personas vinculadas a la embajada de Irán en Argentina y a otros grupos que supuestamente estaban relacionados con Hizbolá. Pero ni la agencia de inteligencia ni el aparato de seguridad federal pudieron prevenir el atentado. Encima esa información y las escuchas se destruyó o perdió, no se sabe», indica.

Otro documento clave que destaca la abogada, y que se descubriría tiempo después, fue un cable que intercambiaron Argentina e Israel el mismo día del atentado en el que «ambos gobiernos coordinan que la responsabilidad del atentado es de Irán sin que todavía se hubiera iniciado la investigación«.

Wassner matiza que, ahora y entonces, muchos piensan que esto le pasó a otros. Algunos periodistas que cubrieron la noticia dijeron «murieron judíos y murieron inocentes». Como si todas las víctimas no fueran inocentes.

Litvatchky nos explica que el 18 de julio empieza la investigación de la justicia federal con el juez Galeano y los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen. Galeano decide investigar el atentado con la agencia de inteligencia de Argentina, que se llamaba SIDE en ese momento. «Esto es determinante porque SIDE coloniza la investigación, y prácticamente todo era secreto. Y en un momento de falta de resultados el juez Galeano arma la 'causa Brigadas'», afirma.

La hipótesis es que la conexión local del atentado es un grupo de policías bonaerenses apuntados con el dedo por la única persona de Argentina de la que se sabía que estaba de algún modo vinculado al atentado, Carlos Telleldín. El hombre al que los terroristas le compraron la camioneta Renault Traffic que llevaba los explosivos.

Cuando esa parte de la investigación llega a juicio, en 2004, «se descubre que a Telleldín le habían pagado 400.000 dólares de los fondos reservados de la propia SIDE para que acusase falsamente a esos policías que se pasaron nueve años encarcelados», apunta Litvatchky.

Se supo por la filtración de un video que se robó de la caja fuerte del juez Galeano, que lo mostraba instruyendo a Telleldín para que identificara a los policías. Este es el primer hito de la investigación. Después de eso empieza otra etapa. Por una parte se investiga este encubrimiento y por otra el atentado.

Se arma la unidad fiscal AMIA asumida por el fiscal Nisman para indagar en el atentado. El juez Galeano, en 2005, sería destituido de su cargo y enviado a la cárcel. También se enjuició al ex jefe de la SIDE. Ellos fueron acusados de desviar la investigación por el pago a Telleldín y por lo que se llamó 'la pista siria' que nos explican que supuso no investigar al empresario sirio y amigo del entonces presidente Menem, Alberto Kanoore Edul.

Litvachky expone que ese desvío se debió a algo tan absurdo como fue encargar la investigación desde el vamos a la misma agencia de inteligencia que tendría que haber evitado el atentado, con lo cual «se quiso tapar ese error«.

En su desarrollo Nisman apoyó su acusación usando el informe Toma, que se desclasificó este junio. La abogada Litvachky indica que ese informe junta información de inteligencia de distintas agencias internacionales. Se menciona en él que un móvil de la explosión pudo ser que Menem había suspendido la transferencia de tecnología nuclear argentina a Irán.

Nisman también mandó alertas rojas a la Interpol para las detenciones de personas vinculadas a Hizbolá e Irán que nunca se materializaron. «El verdadero problema es que el 99,9% de la investigación está armada con información de inteligencia. Eso no necesariamente es información que puede traducirse en evidencia judicial, por eso cuando hubo algunos intentos de extradición de las personas que estaban con alertas rojas, el país que los retenía decía que la prueba era insuficiente, liberando al sospechoso», explica la abogada.

Un momento polémico del caso fue cuando en 2013 el gobierno de Cristina Kirchner preparó un memorándum de entendimiento con Irán. Dado que los acusados no iban a ser extraditados, se propuso viajar para investigar a los sospechosos. Pero este memorándum se consideró inconstitucional. Tiempo después Nisman denunciaría a Kirchner por intentar encubrir a los acusados. Sin embargo, Nisman sería asesinado antes del juicio.

El caso AMIA pasa a manos de tres fiscales federales que «empiezan a tratar de prolijar la investigación, a juntar lo que realmente puede ser evidencia judicial. Recién en 2023 se dio con un nombre que parece clave: José Salman El Reda, del que se dice que era un agente operativo que coordinaba las actividades de Hizbolá en América del Sur y que tenía relación con el atentado de la embajada de Israel en Argentina.

Lo que preocupa a Litvachky es que se ha hablado oficialmente más de una vez de Hizbolá como autor del atentado, como si el caso estuviera resuelto cuando en realidad es necesario seguir investigando.

«No tenemos ningún preso por la causa AMIA. Tenemos 11 pedidos de captura vigentes internacionales con los que tampoco ha sucedido nada. Hay 15 personas acusadas por encubrimiento de las cuales 4 fueron absueltas», ese es el balance después de 30 años, comenta Weissman. «Han pasado 11 gobiernos y nunca fue una prioridad para ninguno», señala.

«Ojalá viva para saber por qué se encubrió el atentado a la AMIA. No sé si va a haber justicia, como debería haber habido, pero quizás, solo quizás podamos llegar a la verdad», exclama Reisfeld.