Ruanda reclama al Reino Unido 'genocidas' a cambio de acoger inmigrantes

En un evento en el Ministerio de Asuntos Exteriores para conmemorar el treinta aniversario del genocidio, Johnston Busingye, alto comisionado de Ruanda, instó al Gobierno de Rishi Sunak a extraditar a cinco hombres residentes en el Reino Unido que, según afirmó, estuvieron involucrados en el genocidio en el que en 1994 murieron más de 800.000 tutsis y hutus moderados en cien días de matanza y limpieza étnica. Además, Busingye también instó al Gobierno a aplicar «el mismo compromiso conjunto» a estos cinco casos que el asumido en el acuerdo de deportación.

La negativa de los jueces británicos a extraditar a los sospechosos alegando preocupaciones sobre la imparcialidad del juicio en Ruanda ha generado fricciones con el Gobierno de Kigali desde hace tiempo, que ha pedido entonces un juicio en el Reino Unido. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha negado cualquier vínculo entre el acuerdo y las extradiciones.

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Los individuos, todos de entre 60 y 70 años, han sido identificados como Celestin Mutabaruka, residente en Kent; Vincent Brown, también conocido como Vincent Bajinya, y vecino de Londres; Celestin Ugirashebuja, residente en Essex; Charles Munyaneza, en Bedford; y Emmanuel Nteziryayo, con residencia en Mánchester. Los cinco, además, han sido interrogados por la Policía, y han negado rotundamente las acusaciones en su contra.

Mientras tanto, en Londres, el Gobierno planea detener a solicitantes de asilo en todo el Reino Unido para deportarlos al país africano, según una información exclusiva publicada por el periódico 'The Guardian', que afirma que el Ministerio del Interior ha planificado una operación sin precedentes que tiene como objetivo realizar detenciones en todo el país. Los arrestados serán trasladados de inmediato a centros de detención, donde permanecerán hasta que sean subidos a los aviones con destino a Ruanda.

Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, expresó su profunda preocupación por las implicaciones de esta operación: «El Gobierno está decidido a seguir su plan inhumano» de deportaciones a Ruanda, «a pesar del costo, el caos y la miseria humana que desencadenará. Sabemos que es probable que cause un colapso catastrófico del sistema». Esta crítica subraya el temor generalizado de que la operación pueda desencadenar una serie de batallas legales prolongadas, protestas comunitarias y enfrentamientos con la Policía, que se suman al gasto exorbitante de unos 700 millones de euros que costará deportar sólo a las primeras 300 personas.

La repentina puesta en marcha de esta operación ha generado sorpresa y preocupación, especialmente antes de la celebración de las elecciones locales en Inglaterra el próximo jueves, y en las que los 'tories' se enfrentan a la pérdida de hasta la mitad de los escaños que actualmente ocupan.

La reacción en Escocia ha sido especialmente intensa, con la Policía en alerta debido al riesgo de protestas callejeras de los activistas prorrefugiados. Si bien las autoridades escocesas no participarían directamente en las detenciones, se espera que desempeñen un papel crucial en el mantenimiento del orden público y la gestión de disturbios. Este ambiente tenso recuerda eventos anteriores, como las protestas que impidieron deportaciones en Kenmure Street en Glasgow, en mayo de 2021, y en Nicolson Square en Edimburgo, en junio de 2022.

Aamer Anwar, un abogado de derechos humanos de Glasgow, expresó su preocupación por la posible escalada de tensiones: «La gente está extremadamente enojada y lista para movilizarse». «Sospecho que en los próximos días veremos una explosión del espíritu de Kenmure Street en todo el Reino Unido, oponiéndonos a una política que conducirá a la miseria, autolesiones y muerte», afirmó, y que «empujará a muchos más a los brazos de los traficantes».

Alistair Carmichael, portavoz de asuntos internos de los liberal demócratas, calificó la operación como un «cruel truco político», destinado a distraer la atención de los problemas reales que enfrenta el país. «Este es un intento rastrero por parte de los conservadores de distraer» a la gente «de su terrible historial a pocos días de las elecciones locales. El plan de Ruanda es inmoral, no funciona y es costoso para los contribuyentes», zanjó.

Por su parte, el vice primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, dijo el viernes que la política de asilo del Reino Unido está impulsando a los inmigrantes que temen ser deportados a Ruanda a cruzar la frontera desde Irlanda del Norte hacia la República de Irlanda, una afirmación que hizo que el 'premier' Rishi Sunak se felicitara, diciendo que la medida está funcionando. «El elemento disuasorio ya está teniendo un impacto», dijo, «porque la gente está preocupada por venir aquí».