Cuba finaliza las excarcelaciones: de 553 solo 229 corresponden a presos políticos

Aunque no se refirieron específicamente a prisioneros políticos, el pasado 14 de enero el régimen anunció que excarcelaría a 553 «personas privadas de libertad». Esto sucedía tras un acuerdo con el Vaticano y después de que la Administración de Joe Biden eliminara a la isla de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

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Entre el 15 y el 20 de enero, un total de 209 presos políticos fueron excarcelados, según datos recopilados por la ong Prisoners Defenders (PD). Sin embargo, sin explicación alguna, las autoridades pausaron los beneficios en medio de la toma de posesión de Trump. Poco más de un mes más tarde, el 27 de febrero, se reactivó el proceso. Según varias ONG, en esta ocasión no pasarían de 20 el total de presos políticos excarcelados, para un total de 229.

De esta manera, se cumpliría la alerta de PD de que el régimen estaría completando la cifra de 553 «con una cantidad aún indeterminada de delincuentes comunes que han salido excarcelados con las mismas supuestas medidas 'de gracia' que los presos políticos excarcelados en Cuba».

De igual manera, la ONG Justicia 11J ha afirmado haber recibido «numerosas denuncias que indican que una parte significativa de las personas excarceladas son reclusos comunes. A pesar de no contar con datos oficiales que permitan conocer la proporción exacta, los testimonios recibidos sugieren que el número de presos comunes liberados es mayor».

La mayoría de los excarcelados cumplían más de tres años en prisión y habían sido procesados por participar en las masivas protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). Estos recibieron los beneficios bajo medidas como «licencia extrapenal» o «libertad condicional» por lo que deberán estar sometidos a una serie de controles por parte de las autoridades y cumplir los requisitos establecidos hasta que extingan completamente su sanción.

«La propia ley establece que el juez de ejecución cita a estas personas y les hacen una comparecencia inicial en la cual se les hace saber cuáles son las obligaciones que tienen. Entre ellas se encuentra que tienen que cumplir con las sanciones accesorias que les fueron impuestas, el cumplimiento de la responsabilidad civil, la ubicación al empleo o al estudio en aquellas personas que se encuentran aptas para su realización (…)», ha explicado Sosa Ravelo.

Mediante la información oficial, el régimen advirtió que los excarcelados podrían ser revocados ante el incumplimiento de las obligaciones y, como tal, ser regresados al establecimiento penitenciario para completar el tiempo pendiente de la sanción.

Se trata, según la Vicepresidenta del TSP, de un «período de prueba» durante el cual «tienen que cumplir con las obligaciones que están fijadas por ley, aquellos requerimientos realizados por el juez de ejecución y mantener un comportamiento social acorde a nuestras normas de convivencia socialistas».

Otros requerimientos impuestos son: no moverse de su ciudad de residencia, trabajar en centros estatales aprobados por la Seguridad del Estado, no expresar ni publicar sus opiniones en redes sociales o demostrar públicamente actitudes críticas con el régimen, no dar declaraciones a la prensa independiente o extranjera, no comunicarse con organizaciones de derechos humanos, también deben comparecer regularmente ante las autoridades y podrán ser citados como parte de un seguimiento policial.

El anuncio ha sido recibido con decepción, angustia e incluso rabia por miles de familias que esperaban ansiosamente recibir en casa a su hijo, hermano o madre preso injustamente. Sin embargo, unas 600 personas siguen tras las rejas por motivos políticos, varios de ellos con condenas de hasta 15 años de privación de libertad solo por manifestarse pacíficamente en contra del régimen.