Las promesas de Macron no apaciguan la cólera de los agricultores franceses

Gabriel Attal, primer ministro, recibió a última hora de la tarde del lunes a los presidentes de los dos principales sindicatos, moderados y conservadores, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (Fnsea) y Jeunes Agriculteurs (JA). Attal presentó la semana pasada un primer paquete de medidas, que solo atizaron un profundo desencanto. Tras el fin de semana, los sindicatos iniciaron su larga marcha sobre la capital y su gran mercado de abastos, Rungis, protegido con un gran despliegue de fuerzas antidisturbios y blindados militares.

A la espera del resultado concreto del diálogo de Attal con los sindicatos moderados, Prisca Thevenot, portavoz del Gobierno, anunciaba «nuevas medidas, desde mañana mismo». Prudentes, los sindicatos anunciaron que se preparaban a prolongar indefinidamente su movilización en toda Francia.

Los sindicatos mayoritarios y moderados, la Fnsea y JA, y los sindicatos minoritarios y más radicales, la Confédération paysanne (CA) y la Coordination rurale (CR), tienen muchas diferencias de fondo, pero comparten varios puntos capitales: el poder adquisitivo, la fiscalidad y las reglas comerciales, que consideran violadas, entre el campo y la gran distribución.

El primer ministro francés anunció, la semana pasada, diez medidas para simplificar la vida administrativa de los agricultores, ayudas a las filiales 'bio' y la anulación inmediata de las subidas previstas de los impuestos con los que se había proyectado gravar el precio del diésel / gasóleo usado por los agricultores como carburante esencial de sus tractores. Esas proposiciones no respondían de ninguna manera a las peticiones más urgentes de los sindicatos, que se consideran traicionados y menospreciados.

Desde la óptica sindical, el Gobierno de Macron no hace respetar todos los principios básicos de la Ley de Agricultura y Alimentación, adoptada el 2 de octubre del 2018, que hizo promesas de este tipo: permitir a los agricultores unos ingresos dignos; gestión de la regulación de los precios entre agricultores y distribuidores; renegociación equitativa de los precios; limitar la venta a pérdida que asfixia a muchos agricultores; y limitar las 'promociones' de las grandes superficies recortando los ingresos agrícolas.

Los sindicatos mayoritarios y moderados, Fnsea y JA, estiman que el Ejecutivo no es «duro» con las filiales de la distribución en las grandes superficies, perjudicando a los agricultores. Los sindicatos minoritarios y radicales, CA y CR, estiman que el Gobierno no defiende los intereses nacionales en las conferencias internacionales, favoreciendo un «libre comercio» perjudicial para la agricultura nacional.

Ese diálogo de sordos agrava las tensiones históricas que está viviendo la agricultura francesa, que ha perdido mucho terreno en el mercado mundial, pasando del segundo al quinto puesto en apenas una década. Ha crecido la dependencia alimenticia. Un 18% de las familias campesinas viven en el umbral de la pobreza, cuando Francia debe importar el 71% de los frutos consumidos, el 56% de la carne de cordero, el 35% de la carne de pollo, el 27% de la carne de cerdo, el 22 % de vacuno… El campo francés vive esa transformación como una tragedia nacional y reclama a Macron medidas para proteger un sector que tuvo un puesto capital en la historia de Francia. La 'sublevación', las amenazas de bloqueo, la movilización, son una respuesta angustiada, que la opinión pública apoya masivamente, cuando la cota personal del presidente de la República continúa por los suelos.

Según el Ministerio del Interior, unos 10.000 agricultores y unos 5.000 tractores estuvieron presentes el lunes en las autopistas que conducen a París. Para contener esa marea, fueron movilizados más de 15.000 gendarmes y antidisturbios, pertrechados con tanquetas y vehículos blindados. A la espera de nuevas proposiciones, la protesta sindical se prolonga indefinidamente, cuando la crisis se complica con la aparición de otros frentes. La Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb), que agrupa a las pequeñas y medianas empresas de la construcción, pide ayudas fiscales semejantes a las ofrecidas a los agricultores para combatir el precio de los combustibles, que ha sido el origen último de todas las crisis sociales del último quinquenio.

En Nimes, donde la cuestión agraria es un problema de gran calado, 'agricultores en cólera' encapuchados incendiaron la plataforma logística de una de las grandes empresas de la distribución alimenticia, LIDL, famosa por sus precios muy bajos.