EE.UU. declara clausurado el pozo de BP

Pruebas realizadas durante este verano confirmaron que un mecanismo de válvulas temporal instalado el pasado 15 de julio logró detener el vertido de crudo estimado en 780 millones de litros. Avance que permitió taponar la parte superior de esa gafada explotación. Pero no se podía certificar por completo el final de la pesadilla iniciada el pasado 20 de abril hasta que el pozo fuese sellado también desde su base, maniobra conocido como «botton kill».

Ayer, el comandante del servicio de Guardacostas, Thad Allen, indicó que las pruebas de presión realizadas para comprobar la solidez del tapón de cemento inyectado a Macondo han tenido éxito y el pozo «está efectivamente muerto». El presidente Obama dijo tras conocer la noticia que el camino que queda por delante «no va a ser fácil», en referencia al daño causado a los habitantes del golfo de México.

Y es que la definitiva clausura de Macondo no supone ni mucho menos el final de esta saga que, además de costar las vidas de once operarios, ha dejado en evidencia la seguridad de explotaciones petrolíferas en alta mar. La conducta de BP, además de costar el puesto a su responsable ejecutivo Tonny Hayward, se encuentra sometida a múltiples investigaciones civiles y penales en búsqueda de indicios de negligencia.

El gobierno de EE.UU. no descarta reclamar a BP el equivalente a 1.100 dólares por barril derramando en sus costas sureñas. Más allá del fondo de compensación de 20.000 millones de dólares financiado por la multinacional británica. En su defensa, British Petroleum, que a raíz de este catástrofe ha perdido unos 70.000 millones de dólares en capitalización bursátil, insiste en una cadena de fallos de otras empresas implicadas en el malogrado proyecto Macondo.

El juez del distrito de Nueva Orleans, Carl Barbier, a cargo de múltiples querellas ya formalizadas contra BP, ha estimado que la compañía terminará enfrentándose a «miles» de casos relacionados con la catástrofe. Para intentar «organizar y estructurar» ese litigio, el magistrado Barbier ha instado a llegar a acuerdo con el fin de evitar procesos que en ningún caso van a empezar hasta octubre o noviembre del 2011.

La Administración Obama también se ha visto obligada a ejercer un mayor escrutinio sobre las explotaciones marítimas de hidrocarburos. Incluida una costosa moratoria de perforación en aguas profundas que todavía sigue vigente. Además, las petroleras que operan en alta mar van a verse obligadas a sellar sus pozos inactivos y desmontar plataformas abandonadas. Se estima que en la zona del golfo de México, que produce un cuarto del crudo y gas consumidos por EE.UU., se han perforado unos 40.000 pozos desde 1947. Con cerca de 3.500 yacimientos inactivos taponadas de forma provisional.