Portugal estrena la Policía para Extranjeros con poderes para detener y deportar inmigrantes sin papeles

La medida fue aprobada en julio por el Parlamento portugués con los votos de los partidos de derecha y la oposición del resto de formaciones políticas, que alertaron de que no había habido debate suficiente para una materia tan delicada. Ese mismo día se votaron también varias modificaciones a la Ley de Extranjería, aunque más tarde el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cuatro de esas medidas por vulnerar principios fundamentales.

Se aprobó la creación de la Unidad Nacional de Extranjeros y Fronteras (UNEF), que desde hoy es el nuevo organismo encargado de estas tareas, dentro de la Policía de Seguridad Pública (PSP). El plan del Gobierno de Luís Montenegro prevé que cuente con 2.000 efectivos, aunque de momento la estructura arranca con 1.200 agentes desplegados en todo el territorio. Según el Ministerio de Administración Interna, el foco prioritario serán los puertos y aeropuertos, considerados principales puntos de entrada de personas en situación irregular. Sin embargo, los policías tendrán también la potestad de realizar controles en la calle.

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Durante los últimos días ya se han recogido testimonios de inmigrantes que afirman haber sido parados en el metro, en autobuses o incluso en plena vía pública. El abogado brasileño Rodolpho Sousa, residente en Portugal y especializado en ayudar a otros inmigrantes en sus procesos de regularización, cuenta que esta semana la policía lo paró a la salida del supermercado para pedirle la documentación. «No la llevaba encima, pero por suerte la tenía escaneada en el móvil. Tras comprobar que estoy en situación legal, me dejaron marchar», afirmó.

Este tipo de episodios ha generado inquietud entre comunidades inmigrantes, que temen un incremento de la presión y de los episodios de discriminación. Desde la Casa de Brasil, su presidenta Ana Paula Costa expresó la preocupación de la comunidad brasileña, la mayor en Portugal, con más de 500.000 inmigrantes, algunos de ellos sin haber conseguido aún tramitar sus permisos de residencia. «Tememos que aumenten las detenciones arbitrarias y los abusos policiales», afirmó Costa, quien recordó además el caso del inmigrante marroquí fallecido en marzo del año pasado tras sufrir un hematoma cerebral durante su detención en el Algarve. Esta semana, el Ministerio Público acusó a dos policías –ya suspendidos de funciones– de homicidio cualificado y secuestro agravado.

En caso de que una persona no pueda acreditar su situación legal cuando sea abordada por la policía, recibirá una notificación de abandono voluntario. «Esa notificación puede ser entregada en el mismo momento en que la policía aborde al inmigrante en la calle o, en caso contrario, la policía puede conducirlo a la comisaría más cercana para formalizarla», detalla el abogado Sousa. Si la orden no se cumple, la expulsión puede ejecutarse de manera forzosa. En esos casos, el inmigrante puede ser acusado de desobediencia cualificada y conducido a uno de los centros de permanencia temporal, donde aguardará la decisión judicial que determine su deportación. Sousa afirma que el centro del aeropuerto de Lisboa tiene condiciones «precarias», aunque el Gobierno ha anunciado recientemente su ampliación.

Desde las últimas elecciones el pasado mayo, en las que venció el Partido Socialdemócrata en minoría, más de 34.000 inmigrantes ya han recibido notificaciones de salida voluntaria. Con el inicio de la nueva fiscalización por parte de la policía, el número podría aumentar significativamente en las próximas semanas. Para quienes han iniciado un proceso de regularización y aún no disponen de tarjeta de residencia, la ley prevé la posibilidad de recurrir la decisión y permanecer en el país mientras se resuelve el proceso, aunque «no hay ninguna garantía de que puedan quedarse en Portugal», dice el abogado, quien también denuncia que «muchas veces la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA) deniega los permisos de residencia sin avisar, por lo que muchos inmigrantes solo sabrán que están en situación irregular cuando sean parados por la policía».

Por su parte, Ana Paula Sousa explica que la PSP será responsable de la «fiscalización y de notificar el abandono, pudiendo hacer detenciones», mientras que la deportación en sí es un «acto administrativo» y podrá haber «falta de recursos humanos y financieros para llevarla a cabo». Aun así, para la presidenta de la Casa de Brasil, «la línea entre el abandono forzado y la violación de derechos fundamentales de los inmigrantes es muy tenue».

En Lisboa, comunidades de inmigrantes procedentes de países como India, Pakistán o Bangladesh temen estar en el punto de mira. El Ayuntamiento ha denunciado situaciones de hacinamiento y subalquiler en determinadas viviendas, algunas de las cuales aparecen registradas como dirección de residencia en decenas de solicitudes de permiso. Como respuesta, la AIMA endurecerá los requisitos: será obligatorio presentar un documento firmado ante notario por el propietario del inmueble donde se reside en alquiler.