¿Importa que el próximo presidente de EE.UU. sea un delincuente convicto?

El juez Juan M. Merchán ha impuesto una exención incondicional de la pena, lo que significa formalizar la condición delictiva de Trump pero sin consecuencias punitivas. El presidente electo, cuyos abogados habían alegado razones de seguridad nacional para evadir las consecuencias de un veredicto unánime de culpabilidad, ha comparecido vía telemática desde su residencia en Mar-a-Lago recalcando en todo momento su inocencia y reiterando su condición de víctima de una horrible persecución político-judicial. Argumentos, en su opinión, validados por el resultado favorable obtenido en las elecciones de noviembre.

Aunque de cintura para abajo todo el mundo tiene un doctorado cum laude, nadie debería creer que este caso es otro más en la tradición tan americana de escándalos movidos por la hipocresía puritana y la moralidad victoriana. Trump ha sido condenado por 34 delitos de falsificación contable para comprar con 130.000 dólares el silencio de Stormy Daniels. Aunque en España pudiera considerarse una exculpatoria malversación, este caso nunca ha sido sobre sexo sino sobre corrupción: utilizar dinero para influenciar el resultado de las elecciones presidenciales celebradas en 2016.

Como en otras democracias empeñadas en devorarse a sí mismas, Estados Unidos se enfrenta al daño que supone cuestionar el estado de Derecho y desacreditar a la Justicia. Tal y como ha hecho el propio presidente Joe Biden al indultar a su hijo Hunter. Cuando se quiebra el principio de igualdad ante la ley y se tolera la impunidad de los políticos y sus familiares, las democracias se precipitan en un pozo muy profundo en el que todo vale.