El narco mexicano recauda más que Hacienda

Hace unas semanas, el diario El Universal revelaba que desarrolladores inmobiliarios de Ciudad Juárez (Chihuahua) y Reynosa (Tamaulipas) abandonaban ambas ciudades ante el inaceptable precio de la extorsión, y que ahora son las compañías de seguros las que están en la mira de los criminales .

Según dicho periódico, el cártel del Golfo reunió en Tampico (Tamaulipas) a representantes de 11 importantes compañías aseguradoras con sede en Monterrey para presentarles «un plan de trabajo que nos conviene a todos» mediante el cual, previo pago de medio millón de pesos (30.000 euros) al mes, no serían «molestadas». El representante les explicó que «a ustedes les va a reducir mucho los costos y sus jefes deben de entender que lo hacemos por el bien de su compañía».

Según el plan de trabajo, cada treinta días sería una aseguradora diferente quien hiciera la aportación. «Si alguien dice que no, de castigo les voy a meter un siniestro diario durante un año, y al final les va a costar más de tres millones. Recuerden que esto es como el derecho: la ley no es retroactiva. Nada de que ahorita digo ‘sí’ y el mes que les toque dicen ‘fíjate que no’”, les advirtió.

La revista Milenio abundaba en el asunto de la protección, pero a la menor escala del comercio, la de los mercadillos o “tianguis”. Así, los cárteles de La Familia Michoacana y Los Zetas se disputarían este mercado informal mediante el cobro de cuotas a cambio de protección.

Un negocio «jugoso para sicarios, policías corruptos, operadores y pandillas que trabajan a nivel local bajo el cobijo» de esos cárteles. La protección se extiende por todo el territorio del país: desde que la mercancía entra por la frontera con EE.UU. hasta que es distribuida en los cerca de 1.500 “tianguis” de la capital (cuya regulación dejaría en las arcas del gobierno capitalino más de ocho millones de pesos mensuales –medio millón de euros– sólo por el concepto de recaudación por uso del suelo).

Según esta publicación, grupos de cuatro hombres recorren cientos de puestos para cobrar entre 50 y 150 pesos (entre 3 y 9 euros) a sus propietarios como una “aportación” que les evitará problemas de seguridad.

La mercancía llega al tianguis de la Jarachina en Nuevo Laredo, en una ruta que comienza en Dallas (Houston) y Laredo (Texas). La cadena de corrupción comienza con los operadores de los autobuses , a los que cada viajero que va a por ropa debe darles 200 pesos (12 euros) para que no los delaten a los pasajeros: luego vendrá el “arreglo” de los chóferes con la policía municipal, estatal o federal, según el caso.

Según varias notas de prensa, en zonas urbanas «el crimen organizado recoge cuotas en mercados públicos, tiendas de abarrotes (ultramarinos), tortillerías y cualquier negocio establecido».