Maduro busca un rédito electoral en su conflicto con el Gobierno de Milei

La confrontación comenzó esta semana con la suspensión del espacio aéreo de Venezuela para las aeronaves argentinas después de que el Gobierno de Javier Milei diera la orden de entregar el avión de la estatal venezolana Emtrasur a EE.UU. El canciller del Gobierno de Maduro, Yván Gil, reiteró que ninguna aeronave que venga o se dirija a Argentina podrá sobrevolar el espacio aéreo venezolano. «Venezuela ejerce plena soberanía en su espacio aéreo y reitera que ninguna aeronave, que provenga o se dirija a la Argentina, podrá sobrevolar nuestro territorio, hasta que nuestra empresa sea debidamente compensada por los daños causados, después de las acciones ilegales realizadas, solo con el fin de complacer a sus tutores del norte», escribió Gil en su cuenta de la red social X.

Por si fuera poco, el funcionario Gil añadía más leña al fuego: «El Gobierno 'neonazi' de Argentina no solo es sumiso y obediente con su amo imperial, sino que tiene un vocero 'cara de tabla' (en Venezuela, este término señala a una persona 'caradura' y 'mentirosa'): el señor Manuel Adorni (portavoz de la Presidencia argentina) pretende desconocer las consecuencias de sus actos de piratería y robo contra Venezuela, las cuales fueron advertidas en reiteradas ocasiones antes del acto delictivo cometido contra Emtrasur». Por su lado, el portavoz Adorni respondía: «Argentina inició acciones diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo del país por cualquier aeronave argentina».

El Ejecutivo de Javier Milei ya ha adelantado que tomará medidas contra la dictadura de Nicolás Maduro por «violar el Convenio sobre Aviación Civil Internacional», conocido como Convenio de Chicago. «Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo», dijo Adorni en su rueda de prensa en la Casa Rosada.

El pasado 12 de febrero, el Boeing 747-300M de carga Emtrasur, de la empresa iraní Mahan Air y la aerolínea venezolana Conviasa, ambas compañías sancionadas por el Departamento del Tesoro norteamericano, voló a EE.UU., donde fue destruido previo pedido de confiscación. El Gobierno estadounidense reclamaba desde hacía tiempo el decomiso de Emtrasur por tratarse de una entidad iraní sancionada por el Departamento de Comercio la que transfirió el avión –de fabricación estadounidense– a un tercero (Conviasa), algo prohibido expresamente, según la sanción.

Dos años antes, el 6 de junio de 2022, el avión de carga iraní-venezolano había aterrizado con diecinueve tripulantes –cinco iraníes y catorce venezolanos– en Buenos Aires, donde fue retenido por los tribunales argentinos por presunta financiación de actividades terroristas y transporte de armamento. Previamente, la aeronave había estado en México y Venezuela. Tras tratar de repostar en Uruguay, operación para la que no obtuvo permiso, se dirigió al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires. Entonces, la Justicia argentina ordenó inmovilizar la nave y dispuso que los diecinueve tripulantes no podían salir del país. Más tarde, los tripulantes fueron liberados.

Dos semanas después de la salida del avión sancionado, Maduro acusó a EE.UU. por el «acto vil, criminal, indignante» de «descuartizar» la aeronave en Miami. En efecto, el ex comisionado de seguridad venezolano Iván Simonovis saludó la destrucción del avión Emtrasur con imagines de su destino en su cuenta de X: «Qué buena foto!!! Este avión más nunca volará, así es que se acaba con el terrorismo. Gracias Argentina».

Para la abogada venezolana Elisa Trotta, defensora de los derechos humanos en Argentina, está claro que lo ocurrido con el avión (no olvidemos que fue pedido por la Justicia estadounidense por ser usado para, entre otras cosas, llevar armas de grupos terroristas) es «una simple excusa para seguir polemizando con el Gobierno de Javier Milei». En conversación con ABC, Trotta señala que el chavismo, como toda autocracia populista, necesita de enemigos internos y externos, y desde el 10 de diciembre de 2023 «decidieron que uno de los enemigos externos sería Argentina». «Esto, además, lo están usando también para evitar que los venezolanos, por lo menos unos 150.000 electores en Argentina, puedan inscribirse y votar en las elecciones presidenciales, algo que estamos reclamando», señala.

Sobre el futuro de las relaciones entre los dos países, Trotta refiere que «hay que ver hasta dónde está dispuesta Venezuela a seguir retando al sistema internacional. Está muy claro que Argentina no se va a dejar intimidar por las acciones de una dictadura criminal como la de Maduro, pero también está muy claro que la comunidad internacional debe volver a ser más dura contra un régimen que comete crímenes de lesa humanidad y amenaza a otros países».