Maduro activa un arsenal de sabotajes y argucias para lastrar a la oposición

Venezuela cuenta con uno de los sistemas de votación digital más avanzados y confiables del mundo; lo que genera desconfianza no es el factor electrónico del sufragio, sino la maquinaria que se pone a disposición del régimen chavista para violar el proceso electoral, obstaculizar la competición de sus contrincantes y coaccionar a la población para así forzar la victoria oficialista. Maduro ha activado un arsenal de sabotajes y argucias para lastrar a sus rivales políticos.

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Verónica Goyzueta

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La trampa comenzó con la designación inconstitucional de la junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE). En agosto de 2023, el régimen nombró a Elvis Amoroso como presidente del CNE; venía de la Contraloría General, desde la que había ejecutado la inhabilitación de María Corina Machado por 15 años para ejercer un cargo público. Amoroso, que militó en el chavismo, también se ha encargado de judicializar a los partidos de la oposición junto con el Tribunal Supremo Electoral.

Estas elecciones debían haberse celebrado en diciembre, pero el régimen adelantó la fecha para establecer una fecha cargada de simbolismo. El 5 de marzo, día en que murió Hugo Chávez, el CNE anunció que los comicios sucederían el 28 de julio, día del nacimiento del fallecido líder revolucionario. Con el calendario tan ajustado, no dio tiempo de actualizar el registro electoral para depurar la lista de fallecidos y permitir la inscripción de nuevos votantes.

Alrededor de ocho millones de venezolanos han salido del país y se estima que más de la mitad tiene la edad mínima para votar. Sin embargo, de los 4,5 millones de potenciales electores de la diáspora, sólo unos 69.000 podrán ejercer su derecho al voto, siendo España el centro electoral más grande fuera de Venezuela.

Para poder asistir a las urnas, los venezolanos deben estar registrados en un padrón electoral, pero las autoridades bolivarianas dificultaron la inscripción de nuevos electores y entorpecieron el proceso para que aquellos votantes que ahora viven en otro país no pudiesen actualizar sus nuevas direcciones de residencia.

Hasta ayer, el pequeño grupo de electores habilitados que vive en España no sabía adónde debía acudir para ejercer su derecho al voto. Sin embargo, la mañana de este jueves, la rectora del ente electoral, Aime Nogal, publicó en la red X la dirección de los centros de votación. El de Madrid estará ubicado en la calle Camarena, 10. Y el de Barcelona será en la calle de Garbi, 3.

El ventajismo de Maduro se evidencia en las calles venezolanas, que están repletas de papeles, carteles, murales y vallas publicitarias en las que se prometen «más cambios y transformaciones». Propaganda financiada con fondos públicos que se difunde a discreción en el monopolio que controlan de medios de comunicación públicos y privados. El contraste con la oposición es evidente, que no tiene dinero para gastar en material publicitario y que es víctima de una censura impuesta.

En un país con una deficiente conexión a internet, los dirigentes opositores como María Corina Machado tienen vetado el acceso a los medios tradicionales. No hay radio o televisión que se atreva a entrevistarla, porque con toda seguridad serán cerrados.

Esta semana, los pocos portales de noticias que aún no habían sido censurados, fueron bloqueados. Desde venezuela no se puede acceder a ellos sin conexión por VPN.

Parte de la estrategia opositora para cuidar esta elección es movilizar a los ciudadanos para que haya testigos de mesa en el 100% de los centros electorales y así garantizar la transparencia del proceso en su totalidad. Sin embargo, el CNE cambió las reglas a última hora, estableciendo nuevas condiciones y había impedido la acreditación de los testigos. No fue hasta el pasado miércoles que, después de mucha presión, permitieron la acreditación de los voluntarios, y es la primera vez que habrá testigos en la totalidad de las mesas.

Tradicionalmente, el chavismo ha instalado 'puntos rojos' en las inmediaciones de los colegios electorales. Son puestos a los que los empleados públicos y beneficiarios de planes sociales deben acercarse para pasar lista. Es una forma de control político y social que le permite al régimen saber el nombre de los que han votado, para movilizar a los que no, y a su vez amenazar a los más pobres con la pérdida de sus beneficios, como las cajas de comida.

Además del Centro Carter, no habrá observadores internacionales. Todas las invitaciones a entidades relevantes fueron retiradas. Habrá cuatro observadores de la ONU, pero no harán público su informe sobre el proceso electoral.