Lula purga a 56 altos cargos del Ejército de Brasil próximos a Bolsonaro

Los militares destituidos trabajaban en el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI) y en la Secretaría General de la Presidencia (SGP), pero también en el cuidado de las residencias oficiales, como el Palacio de Alvorada y la Granja do Torto, la casa de campo presidencial. En todos los casos trabajaban al servicio directo del presidente o para la primera dama Rosângela da Silva, Janja.

La purga de militares publicada el martes en el Diario Oficial llega después de los comentarios de Lula admitiendo que había «perdido la confianza» en algunos militares en activo, entre oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Distrito Federal. Los cargos destituidos eran herencia del antecesor, el excapitán Jair Bolsonaro y de uno de sus hombres de confianza, el general Augusto Heleno, que dejó el Gobierno con expresidente, a fines de diciembre.

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Agencias

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«Había mucha gente de la Policía Militar conspirando, mucha gente de las Fuerzas Armadas aquí conspirando. Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto se abrió para que la gente pudiera entrar, porque no hay ninguna puerta rota en la entrada. Significa que alguien facilitó su entrada aquí», se quejó Lula, pidiendo investigaciones después del asalto al palacio.

Parte de ese equipo fue apuntado por omisión en el ataque del 8 de enero, cuando millares de bolsonaristas atacaron las sedes del Congreso, de la Corte Suprema y entraron en el propio gabinete de seguridad presidencial robando armas y destruyendo la oficina de la primera dama.

En el centro del debate está el descuido de Lula y de su equipo de haber aceptado la herencia de Bolsonaro en un proceso de transición que no fue nada amigable. La gestión de Bolsonaro se destacó por ser la que nombró más militares en cargos comisionados desde el fin de la dictadura, en 1985. Según datos del Tribunal de Cuentas, el número de militares en el Gobierno del excapitán pasó de 6.000.

El ministro de la Casa Civil, Rui Costa, afirmó que las exoneraciones alcanzaron posiciones de «extrema confianza» y serán aún más intensas a partir de la próxima semana, ya sean militares o civiles. «El grueso de los nombramientos y exoneraciones se realizará desde el día 23 hasta finales de mes. Hay mucha gente por salir y entrar», afirmó Costa, tras un almuerzo con dirigentes de las Fuerzas Armadas en el Ministerio de Defensa.

«El Gobierno que salió tiene poca o ninguna sintonía con el que entró, el pensamiento en todos los ámbitos es muy diferente, por lo que no podríamos vivir con los mismos asesores. ¿Alguien pensaba que íbamos a mantener a los asesores del Gobierno anterior? No es razonable que lo hagamos. El régimen de gobierno ha cambiado. Si la filosofía ha cambiado, el contenido ha cambiado, entonces hay que cambiar quién lo aplica», explicó el jefe de gabinete de Lula. Tras el intento de golpe de los extremistas de derecha, Lula y su equipo están buscando una «desbolsonarización» de la máquina pública. Lula ha cedido su seguridad directa a agentes de la Policía federal que lo escoltan desde la campaña electoral. El comisario Andrei Passos Rodrigues, responsable de la seguridad de Lula en la campaña, es ahora director general de la Policía Federal y hombre de confianza.

De hecho, en abril del año pasado, en el comienzo de su campaña electoral, Lula llegó a decir que exoneraría a todos los militares en cargos comisionados por Bolsonaro, lo que según sus cuentas en esa época eran alrededor de 8.000 puestos. Al asumir la Presidencia el 1 de enero, Lula volvió a nombrar a un civil, el ingeniero José Múcio, para dirigir el ministerio de Defensa, una tradición de la joven democracia brasileña quebrada por Bolsonaro.

Según el diario 'O Estado de São Paulo', las exoneraciones y críticas de Lula a las Fuerzas Armadas han sido recibidas negativamente en los cuarteles. Mientras tanto, Lula y Mucio buscan negociar con esas fuerzas para recuperar la confianza corroída por el ataque de bolsonaristas del 8 de enero.

El oficial de mayor rango y simbolismo destituido ha sido el teniente coronel Marcelo Ustra da Silva Soares, familiar del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado de ser el torturador de la expresidenta Dilma Rousseff. Marcelo Ustra trabajaba en el GSI desde 2020 como asesor técnico militar en la Coordinación General de Operaciones de Seguridad Presidencial. En sus redes sociales apoyó la campaña electoral del expresidente Bolsonaro y pidió la «resurrección» del antepasado torturador, fallecido en 2015. En uno de los pasajes más polémicos de su trayectoria, Bolsonaro votó en 2016 por la destitución de Rousseff en el Congreso en honor a la memoria de su torturador.