La Justicia panameña declara inconstitucional la renovación del contrato minero que provocó protestas en las calles

Los ciudadanos han amanecido con la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ha declarado inconstitucional la polémica Ley. La noticia la ha hecho pública María Eugenia López Arias, magistrada presidente de este órgano, acompañada del resto de los miembros del tribunal. «Como presidenta de la CSJ comunico a la faz del país que los magistrados y magistradas que integramos el Pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023», ha declarado López Arias.

El presidente panameño, Laurentino 'Nito' Cortizo, ya ha anunciado que acatará la sentencia, ya que el fallo no deja ningún lugar a dudas al quedar la referida «expulsada del sistema normativo que rige en el país». En la resolución, los magistrados consideran que debe primar el «bienestar social» en el conflicto que existe entre los «derechos fundamentales de la población panameña», entre los que destaca el «derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano libre de contaminación» frente al «interés particular» de las inversiones privadas.

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Javier Nates

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La Corte Suprema lleva reunida de urgencia en sesión plenaria desde el 24 de noviembre, y aunque algunos fiscales generales, como Javier Caraballo y Rigoberto González, habían visto graves irregularidades constitucionales en esta ley, los ciudadanos seguían expectantes y sin bajar un ápice el nivel de protestas ante la desconfianza que muestran contra el Gobierno desde hace muchos meses. Ni el anuncio de Cortizo de celebrar un referéndum para someter a votación la polémica ley ha apaciguado el ánimo ni la intensidad de las protestas, que han estado a punto de colapsar la economía de algunas regiones como la de Chiriquí, la más afectada por ser la principal productora agrícola y ganadera. Las principales organizaciones empresariales hablan de millones de dólares de pérdidas.

La sentencia fue celebrada por todo el país. Desde hace días, grupos de ambientalistas, profesores, obreros de la construcción, artistas, campesinos, estudiantes, grupos indígenas, abogados y académicos, entre otros, han estado frente del Palacio de Justicia Gil Ponce, esperando este fallo que obliga a derogar la Ley 406.

Los empresarios del Sindicato de Industriales de Panamá han pedido que el Ejecutivo acate cuanto antes esta sentencia y se pueda retomar la vida normal en el país, en especial la apertura de carreteras y garantizar el libre tránsito. Todo el mundo espera que en unos pocos días Panamá retome la normalidad.

Sin embargo, algunos colectivos como los profesores han declarado que, de momento, no han desconvocado los paros y consultarán a sus bases para decidir si continúan en huelga hasta que no se solucione su situación económica, ya que se les adeuda una quincena de sueldo. La ley minera sirvió para canalizar el descontento que arrastran algunos sectores con problemas, como los citados docentes o el sector de la construcción, que el pasado día 16 había llevado a cabo un paro nacional.

La ya derogada ley afectaba a la renovación de la concesión del yacimiento de Donoso, en Colón, la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, con una extensión de 13.000 hectáreas para extraer cobre y 645 hectáreas para oro.