Indignación con Protección Civil de los familiares de los mineros mexicanos atrapados ante el retraso de su rescate

La agonía continúa para los familiares de los diez mineros atrapados tras 24 días de espera para dar con sus allegados en un estresante rescate que no acaba por ofrecerle las respuestas concretas que buscaban. Lógicamente los ánimos están caldeados, en lo que no deja de ser una gota de agua, el derrumbe con diez mineros dentro (cinco lograron escapar) de los tres pozos de carbón que forman parte de Sabinas, en el Estado de Coahuila, al noreste de México.

Ante la incertidumbre, los parientes han exigido al Gobierno una fecha de compromiso para contar con los cuerpos de sus allegados. La táctica de las autoridades pasaba por abrir un tajo para dar con los atrapados que duraría entre seis y 11 meses. El presidente López Obrador requirió reducir ese baremo de tiempo al equipo interinstitucional creado por autoridades de los tres órdenes de Gobierno junto a expertos mineros nacionales. El propio mandatario mexicano expresó su malestar por el fallido rescate: «Llevamos 20 días y no se ha avanzado como se esperaba», sentenció. «Otra de las opciones era cavar el suelo de la mina», explicaba el político ante un plan que se dilata en el tiempo.

Los familiares, muchos de ellos empleados de las minas o conocedores de las mismas, han pedido que se concreten las maniobras y la planeación para evitar más retrasos agónicos. «Vivos o muertos, pero que no los entreguen ya», exclamaba Magdalena Montelongo, la hermana de uno de los atrapados.

A la ya de por sí difícil tesitura a la que se enfrentan las familias hay que incluir posibles pactos que han rechazado. Muchos de ellos se hicieron eco de una posible indemnización de 100.000 pesos (cinco mil euros) que les habrían ofrecido a cambio de cejar en el rescate de sus familiares, una propuesta que desestimaron desde el primer momento. La iniciativa anunciada por el líder de la cuadrilla de mineros consistía en seguir con el tajo para dar con los cuerpos o los 5.000 euros. La hermana de José Moreno e hija José Rogelio Moreno, dos de los atrapados, expresaba su parecer ante el ofrecimiento: «Cualquier cantidad, aunque sean millones obviamente voy a querer a mi hermano y a mi papá para ir a donde llorarles».

La indignación ha crecido y gran parte de los familiares avisan que el Gobierno y las autoridades quieren dejar en manos de los familiares ciertas decisiones por si durante el rescate algo no saliera como se esperaba. Un grupo de afectados pidió la dimisión de Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, a la que señalan de negligencia. El presidente calificó de «politiquería» esta exigencia. Mucha de la maquinaria abandona la zona de excavación y algunas empresas no están de acuerdo en hacer el tajo, tal y como cuentan los perjudicados.

Las pésimas condiciones y la falta de seguridad corren a sus anchas por unas excavaciones mineras que han registrado hasta 3.100 muertes bajo los escombros desde que se iniciaron las primeras excavaciones en el siglo XIX. Los casos similares se solapan y en junio de 2021 se logró el rescate de los cuerpos de siete mineros atrapados en la mina de Múzquiz. Unas muertes también provocadas por la inundación de la mina debido al quebrantamiento de una represa. Sin embargo, el accidente de mayor envergadura se sufrió el 19 de febrero de 2006, cuando una explosión de gas en la Mina de Pasta de Conchos dejó 65 fallecimientos. Entonces, sólo se pudo recuperar a dos víctimas. Los familiares pidieron al presidente los restos de los otros 63 trabajadores a lo que López Obrador prometió su recuperación en septiembre de 2020.

Desde la tragedia de Múzquiz se sugirió la diversificación de actividad minera de alto riesgo con un plan, basado en informes universitarios, que pasaba por la construcción de túneles y la utilización de equipos electrónicos para generar energías renovables en ocho años rumbo a la descarbonización. Pero, estas extracciones no podrían dejar de funcionar debido a que prácticamente la totalidad del carbón conseguido es el que alimenta las calderas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el organismo estatal mexicano en el que se basa la reforma energética que pretende implantar López Obrador. Una reforma que busca nacionalizar el sector en detrimento de las empresas privadas, muchas de ellas españolas, que nutren de energía a México.