Grupos de derechos humanos critican que Egipto, Marruecos y Túnez sean descritos como países «seguros»

Llama la atención la presencia, sobre todo, de cuatro de estos países: Egipto, Túnez, Turquía y Marruecos, donde el respeto a los derechos humanos está más que cuestionado. La Comisión revisará periódicamente las condiciones de cada país de la lista, aseguraban el miércoles: «Que un país no esté en la lista no significa necesariamente que no sea seguro».

El nuevo pacto de asilo adoptado el año pasado por la UE ya preveía este tipo de lista, pero lo que ha sorprendido a las organizaciones de derechos humanos son los países que se han incluido y cuestionan las razones que han llevado a los Veintisiete a hacerlo.

«Clasificar un país 'seguro' es ignorar la realidad. En Egipto, Túnez o Marruecos, se pisotean los derechos humanos ¿Dónde está la seguridad de la que habla Europa?», explica Cécile Vanderstappen, responsable de defensa de la justicia migratoria en el Centro Nacional de Cooperación y humanitaria (CNCD), una organización humanitaria que trabaja en estos tres países, entre otros.

El concepto de países seguros en los procedimientos de asilo «pueden dar lugar a discriminación entre los refugiados en función de su país de nacionalidad y perjudicar una evaluación individualizada», comentaba Hussein Baoumi, especialista en política exterior de Amnistía Internacional.

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Ayer mismo, Human Rights Watch, organización especializada en monitorizar el cumplimiento de los derechos humanos, publicaba un informe en el que criticaba a Túnez y al Gobierno de Keid Saied por su deriva autoritaria. «Túnez ha ampliado drásticamente el uso de arrestos y procesamientos por motivos políticos para intimidar y silenciar a los críticos», dice el informe. En lo que el grupo describe como un retroceso radical de las libertades logradas durante la revolución de Túnez en 2011, las autoridades en los últimos años han atacado a abogados, jueces, periodistas y activistas en una ofensiva contra los críticos del presidente Saied. Más de 50 personas se encuentran actualmente detenidas por motivos políticos, según Human Rights Watch, citando un recuento de enero.

Una composición de lugar un tanto diferente a la que pinta en el informe la Comisión Europea sobre Túnez cuando asegura que es un país seguro porque «el país ha ratificado la mayoría de convenciones internacionales de derechos humanos». Y aunque hace referencia a que en el país africano hay casos de detención, arresto y persecución, el texto asegura que «los actos de represión no alcanzan tal magnitud como para retratar una situación de represión sistemática a gran escala».

En 2023, Túnez se convirtió en el principal punto de partida de las travesías del Mediterráneo central hacia Europa en 2023, superando a Libia. La Unión Europea tomó cartas en el asunto y selló un pacto por valor de más de 250 millones de euros para que controlara el flujo migratorio. Esta es la misma estrategia seguida con Egipto, donde Bruselas firmó en marzo del año pasado otro acuerdo por valor de 7.400 millones de euros para que el Gobierno de Abdelfatá al Sisi controle los flujos migratorios.

Las últimas elecciones presidenciales de diciembre de 2023 se celebraron en un clima de represión contra la oposición. Numerosos defensores de derechos humanos, abogados y periodistas siguen siendo encarcelados arbitrariamente. Sin embargo, el texto de la UE también establece a Egipto como un país «seguro» donde la población «en general, no sufre una persecución o un riesgo real de violencia».

Los acuerdos con «terceros países» son ahora uno de los pilares de la política migratoria europea. Tras Turquía, Túnez, Libia y Egipto la Unión negocia actualmente otro similar con Marruecos.

Sobre este último país, también existen serias dudas de que se pueda considerar como país «seguro». Marruecos, que es la primera nacionalidad de las personas extranjeras que hay en España y «donde también hay un flujo constante de personas que huyen por distintos motivos, persecución LGTBI, persecución política, por su ejercicio de la libertad de expresión…», explica la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR ).

Además, en el país vecino la libertad de expresión está particularmente socavada y periodistas, líderes de movimientos sociales y otras voces críticas se enfrentan periódicamente a detenciones arbitrarias.

«Con esta nueva medida, sólo habrá evaluaciones basadas en la nacionalidad. Obviamente no se puede comparar la situación de Marruecos con Sudán, pero sabemos que individualmente hay muchas personas que por su condición sexual o pensamiento político tienen menos seguridad», explica una jurista experta en temas migratorios que trabaja para una organización con sede en Bélgica. Prefiere mantener el anonimato para, dice, «no entorpecer el trabajo de los compañeros porque ya hemos tenido problemas en Marruecos y Túnez«.

Lo que más preocupa a esta jurista es que el mensaje de la UE es claro: «Quieren externalizar la migración lo máximo posible, no solo con los acuerdos económicos, sino también introduciendo nuevos conceptos legales como este de 'países seguros'».

A la espera de ampliar o reducir la lista, el debate se centrará ahora en el establecimiento de otro concepto: el de terceros países. Un plan que ya comenzó Italia con Albania. «Si siguen con ese plan, los derechos de los migrantes serán totalmente pisados».