Los gobiernos centroeuropeos recortan las subvenciones destinadas a los refugiados

Dinamarca, por cierto, aprobó en 2016 una ley que permite a la policía requisar a los refugiados a su llegada al país todo su dinero, además de joyas y objetos de valor, a cambio de su acceso al sistema de bienestar. Según Raab, el incentivo para afianzarse en Austria debería ser el mercado laboral y no el sistema de bienestar social. «Actualmente tenemos la forma equivocada de acogida», ha dicho, aunque los Verdes, el partido socio de coalición gobernante del conservador ÖVP, rechaza formalmente sus planes por el momento.

El gobierno de la República Checa está actuando en esa misma dirección, abrumado por los 325.742 refugiados ucranianos con protección temporal registrados en su territorio, lo que la convierte en uno de los países europeos que acoge a la mayor cantidad de refugiados per cápita. El pasado mes de junio, el Estado checo gastó casi 71 millones de euros en subvenciones de solidaridad. En julio el gasto se redujo a unos 46 millones de euros debido a la entrada en vigor de la Lex Ucrania, un recorte de prestaciones que reduce la subvención de vivienda a 125 euros al mes, 200 euros para estudiantes, niños y ancianos y prestaciones complementarias para discapacitados. La rebaja ha llevado a muchos de los refugiados a incorporarse al mercado laboral. El ministro checo de Trabajo, Marian Jurečka, confirma que, «evidentemente, esto también ha repercutido en el empleo, que sigue creciendo». Según la Oficina Checa de Empleo, en julio trabajaban cerca de 110.000 refugiados con protección temporal.

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Otro país que ha tomado esa misma senda es Polonia, donde la imposibilidad de seguir financiando la estancia de los refugiados, que incluye servicio médico, transporte público, alojamiento y comida, además de los mismos beneficios sociales de los que disfrutan los ciudadanos polacos, incluido un beneficio mensual por hijo de 500 zloty (107 euros), ha llevado al gobierno a un recorte que exige que los propios refugiados deban hacerse cargo por su cuenta de la mitad de los gastos de vivienda si permanecen más de 120 días en el país, con un máximo de 40 zloys por día (8,50 euros). Ese porcentaje se eleva al 75% si permanecen en Polonia más de 180 días con límite de 60 zloys (12,73 euros) por día. Quedan exentos de la rebaja los colectivos especialmente vulnerables como niños, jubilados o mujeres embarazadas.

Estos recortes sitúan a muchos refugiados ante la disyuntiva de buscar empleo o trasladarse a otro país en el que las ayudas sean más generosas, y en esta categoría destaca indiscutiblemente Alemania, donde el Tribunal Constitucional ha desestimado posibles disminuciones. En Alemania, un solo inmigrante, independientemente de cómo haya llegado, tiene derecho a 410 euros al mes durante el proceso de asilo, parte de los cuales se paga en especie. Se destinan 182 euros a necesidades básicas como comida, ropa y calefacción y 228 euros para necesidades personales o dinero de bolsillo. A una pareja cuyo alojamiento paga el Estado alemán se le entregan además 369 euros por persona y 278 euros por cada niño menor de cinco años. Una pareja que vive con sus dos hijos de entre siete y 14 años en un alojamiento estatal cuyas facturas de electricidad, gas y agua son también financiadas por el Estado y que accede de forma gratuita al sistema sanitario, recibe además 1.507 euros mensuales en Alemania. No le va a la zaga Francia, que paga a los solicitantes de asilo solteros 426 euros al mes, además de servicios comparables a los de Alemania.

El profesor de Derecho Daniel Thym, de Universidad de Constanza, experto en materia migratoria, advierte que «el importe de las prestaciones sociales por sí solo no es decisivo a la hora de elegir país de destino para los refugiados», por lo que no cabe hablar de un dumping de prestaciones para regular los flujos migratorios. En su opinión, primero y más importantes son las redes. «Los inmigrantes recién llegados quieren ir al país donde ya tienen familiares o amigos. Esto conduce a una 'migración en cadena'». «Las perspectivas económicas de un país serían el segundo factor y sólo en tercer lugar las condiciones de admisión, lo que también incluye las prestaciones sociales ofrecidas», añade. En su opinión, el primer recorte recomendable para Alemania es el de dejar de pagar prestaciones a los refugiados a los que se les ha denegado el asilo e incluso que están obligados a abandonar el país, pero que siguen recibiendo el dinero.