El Gobierno de Milei, en el ojo del huracán por el presunto espionaje a opositores y periodistas

Todo comenzó con un artículo del periodista Hugo Alconada Mon, célebre por sus investigaciones, donde aseguraba que el Gobierno de Javier Milei usaba el Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE) para espiar tanto a las voces opositoras como a la prensa crítica. «Reafirmo y ratifico lo publicado hoy: la SIDE pone la mira en quienes 'manipulen la opinión pública' o 'erosionen la confianza en los funcionarios'», escribió en sus redes sociales.

Tras publicarse el texto, Alconada Mon denunció haber recibido amenazas en varias ocasiones, además de haber sufrido intentos de hackeo. El asunto puso en alerta a gran parte de los medios argentinos, cuya relación con la Casa Rosada ya venía siendo tensa —hace apenas una semana se anunciaron nuevas limitaciones al ejercicio de la prensa dentro de la Casa de Gobierno—.

El programa, que ha sido desvelado por el centenario periódico argentino 'La Nación', lleva el nombre de Plan de Inteligencia Nacional (PIN) y, según informa este medio, se trata de un documento de unas 170 páginas. Allí no solamente se refiere a algunas cuestiones que se mantienen de anteriores gestiones —como es el caso del combate del terrorismo y el crimen—, sino que tendría una particularidad que ha encendido las alarmas de la prensa argentina.

«Entreabrió la puerta a eventuales tareas de espionaje interno que podrían recaer sobre periodistas, economistas y todo aquel que cuestione al presidente Javier Milei o a sus funcionarios», asegura 'La Nación' que, además, menciona que el Gobierno argentino no ha extendido los recortes al área de inteligencia dado que, en apenas cinco meses, su presupuesto se habría incrementado en más de un 200%.

En la misma línea, el llamado PIN, sostiene 'La Nación', coloca «bajo la lupa todos aquellos que busquen 'erosionar' la confianza de la opinión pública sobre los funcionarios a cargo de velar por la seguridad de la nación o que generen o puedan generar una 'pérdida de confianza' en las 'políticas económicas' del Gobierno. También, todos aquellos que puedan 'manipular' a la opinión pública durante los procesos electorales o propagar la 'desinformación', sin precisar si alude a periodistas, analistas u otras opciones».

A su vez, el mismo plan hace referencia concreta a «actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos».

Tras darse a conocer esa información, la Casa Rosada salió rápidamente a desmentir el uso de los servicios de inteligencia estatales «para perseguir opositores, periodistas o adversarios políticos» a través de un comunicado oficial. No obstante, admitió la existencia del PIN, pero no hizo referencia a las acusaciones del periodista de haber sido víctima de amenazas y ataques cibernéticos después de desvelar esa información.

Tras el escándalo desatado al difundirse este informe en la prensa, el diputado Pablo Juliano, perteneciente al bloque Democracia para Siempre, ha solicitado que el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, se presente en la Cámara de Diputados para aclarar la situación. Lo hizo apelando al artículo 71 de la Constitución argentina, que habilita a diputados y senadores a citar a ministros y funcionarios con rango ministerial en el Congreso.

El objetivo de esta convocatoria, según explica el proyecto presentado este martes, es «buscar llevar tranquilidad a la población de que no existe un avance autoritario en el país y no están en el mismo periodistas, opositores, economistas o partidos políticos».