EE.UU. revoca visas a funcionarios brasileños por su «complicidad» en la contratación de las misiones médicas cubanas

La medida constituye un esfuerzo para «poner fin» a lo que califica como «trabajo forzado». «Instamos a los gobiernos a pagarles directamente a los médicos por sus servicios, no a los amos esclavistas del régimen», indica el comunicado oficial.

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Asimismo, Washington afirma que su política busca «apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de libertad y dignidad», así como «promover la rendición de cuentas de quienes perpetúan su explotación».

La medida forma parte de una serie de sanciones aplicadas por la administración Trump a los cómplices de la contratación de médicos cubanos. Este lunes el gobierno estadounidense revocó las visas de Mozart Sales, actual secretario de Atención Especializada en Salud del Ministerio de Salud de Brasil, y de Alberto Kleiman, exfuncionario de esa misma cartera.

El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, señaló que Sales y Kleiman participaron en la implementación del programa Mais Médicos, una iniciativa lanzada en 2013 durante el Gobierno de Dilma Rousseff, destinada a llevar atención médica a zonas remotas de Brasil.

Las sanciones se extendieron a otros miembros del Gobierno, exfuncionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a los familiares de todos los implicados. Según Rubio, estas personas fueron cómplices del plan de exportación de mano de obra médica impulsada por el régimen cubano. Rubio aseguró que decenas de médicos cubanos han denunciado haber sido víctimas de explotación laboral dentro del programa.

Fue en África donde se estrenó este tipo de «misiones», específicamente en Argelia, en 1963. Desde entonces, miles de profesionales de la salud, el deporte, la cultura y la educación sido enviados a decenas de países a prestar un servicio considerado como trabajo forzoso o esclavitud moderna por la ONU. Entre otros, el régimen cubano se apropia de entre el 70 y el 90 % de sus salarios, los obliga a permanecer en condiciones precarias en las que incluso peligran sus vidas, les han privado de su documentación (pasaportes), les prohíben tener relaciones con los nacionales de esos países o informarlas a sus superiores, les exigen participar en actos de adoctrinamiento comunista, así como les aplican la llamada 'ley de los 8 años' en casos de deserción: ocho años de prisión si regresan a la isla.