EE.UU. sanciona a cuatro juezas del Tribunal Penal Internacional y considera «ilegítimas» sus acciones

El Gobierno del presidente Donald Trump prohibirá a las cuatro magistradas la entrada en Estados Unidos y congela sus propiedades o haberes en el país, una decisión que fue inmediatamente rechazada por el tribunal internacional.

«Gracias presidente (Donald) Trump y secretario de Estado (Marco) Rubio por sancionar a las politizadas juezas del TPI. Ustedes aseguran el derecho de Israel, de Estados Unidos y de todas las democracias de defenderse ante el terrorismo salvaje», ha reaccionado Netanyahu en la red social X.

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En un comunicado más temprano, Rubio había declarado que «Estados Unidos tomará todas las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado estadounidense de las acciones ilegítimas del TPI». «El TPI está politizado y reivindica falsamente una discrecionalidad sin límites para investigar, acusar y procesar a nacionales de Estados Unidos y de nuestros aliados», añadió.

Ni Estados Unidos ni Israel forman parte en el Estatuto de Roma que estableció el TPI y, por lo tanto, no reconocen su capacidad para procesar a sus nacionales.

El TPI ha respondido en un comunicado que las medidas estadounidenses constituyen una «tentativa manifiesta de afectar la independencia de una institución judicial internacional que opera bajo mandato de 125 Estados miembros del mundo entero».

Dos de las juezas sancionadas, Beti Hohler, de Eslovenia, y Reine Alapini-Gansou, de Benín, participaron en los procedimientos que condujeron a la orden de detención dictada en noviembre contra Netanyahu. El tribunal encontró «motivos razonables» de responsabilidad penal contra el primer ministro y su exministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad en la ofensiva masiva en Gaza tras el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Las otras dos magistradas afectadas por la medida, la peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza y la ugandesa Solomy Balungi Bossa formaron parte del proceso que condujo a la autorización de una investigación sobre militares estadounidenses acusados de crímenes de guerra durante la guerra de Afganistán.

Fundado en 2002, El TPI solo ha dictado un puñado de condenas desde su creación. Durante el primer mandato de Trump (2017-2021), el TPI, y en particular su entonces fiscal Fatou Bensouda, ya habían sido objeto de sanciones estadounidenses, levantadas por su sucesor Joe Biden.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han expresado el «firme apoyo» de la Unión Europea al Tribunal Penal Internacional y reclamado que se proteja su integridad y pueda trabajar «sin presiones»; y lo han hecho en sendos mensajes que no mencionan a Estados Unidos.

«El Tribunal Penal Internacional no se enfrenta a ninguna nación, se enfrenta a la impunidad. Debemos proteger su independencia y su integridad», ha pedido el ex primer ministro portugués en un breve mensaje difundido en redes sociales.

Costa también ha afirmado que «el Estado de derecho debe prevalecer sobre el poder», al tiempo que ha defendido que el TPI es «piedra angular» de la justicia internacional. La jefa del Ejecutivo comunitario, por su parte, ha dicho que la institución que dirige «apoya plenamente al TPI y a sus funcionarios» y ha avisado de que el tribunal «debe ser libre de actuar sin presiones». «El TPI lleva a rendir cuentas a los perpetradores de los crímenes más graves del mundo y da a las víctimas una voz», ha descrito la conservadora alemana, quien ha afirmado que la UE «siempre estará del lado de la justicia global y del respeto del Derecho internacional».