EE.UU. extraditará a Chile a tres miembros del Tren de Aragua, incluyendo a uno de los autores del asesinato de Ronald Ojeda

La Justicia declaró a los tres venezolanos como «enemigos extranjeros», una clasificación que ha recibido el Tren de Aragua y que el Gobierno de Estados Unidos, invocando una ley de 1789, ha utilizado para perseguir y deportar a más de 200 presuntos pandilleros.

Los hombres son solicitados por Chile por extorsión, secuestro y homicidio, entre otros cargos. El venezolano-colombiano Gámez Finol, también conocido como 'El Turko', tiene 38 años y fue detenido en enero en suelo estadounidense y es considerado por Chile como el autor intelectual del asesinato del exmilitar y opositor venezolano Ronald Ojeda, asilado en Santiago de Chile.

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La Justicia norteamericana explicó que, «reconociendo la grave amenaza que representa el TdA para las naciones en las que se infiltra, Chile ha solicitado a Estados Unidos la ayuda para el regreso de estos hombres a Chile para que comparezcan ante la Justicia». Y el vicefiscal general estadounidense, Todd Blanche, aseguró que están listos para enviar a los pandilleros a Chile, pero una orden judicial impide por el momento la extradición. «Ya habríamos deportado a estos violentos pandilleros a Chile para que se enfrentaran a la justicia si no fuera por la orden judicial a nivel nacional impuesta por un solo juez en Washington, la cual estamos impugnando hoy en el Circuito del Distrito de Columbia», explicó Blanche en un comunicado.

Oyola Jiménez, venezolano-ecuatoriano de 37 años, se encuentra bajo custodia federal en el Distrito Oeste de Washington. Benítez Rubio, venezolano, también de 37, se encuentra bajo custodia de inmigración en Indiana, y Gámez Finol se encuentra en una prisión del condado de Texas, cumpliendo una condena por tráfico de personas.

La banda surge en 2005 de un grupo sindical que trabajaba en la construcción de un tramo de ferrocarril que atravesaba el estado Aragua. De allí el nombre de la organización. Según InSight Crime, el sindicato comenzó cobrando por la asignación de puestos de trabajo y extorsionando a los contratistas a cambio de seguridad, y poco a poco fue ampliando su actividad criminal. En 2011, cuando se paralizaron las obras, el sindicato ya había consolidado una estructura delictiva.

En 2013, Héctor Guerrero, conocido como 'Niño Guerrero', que había establecido alianzas con el sindicato, ingresó a Tocorón y se convirtió rápidamente en el pran, en el líder de la cárcel. Entonces estableció el modelo de negocio que le permitió convertir el centro penitenciario en un centro vacacional, cobrando a cada preso un monto mensual por el derecho de residir ahí.

La organización, que actuaba dentro y fuera de prisión, fue adquiriendo cada vez mayores controles sobre la comunidad, y las políticas del Estado lo facilitaron. Con la intención de evitar una escalada de la violencia, el Gobierno de Nicolás Maduro pactó unas «zonas de paz», lugares en los que las fuerzas de seguridad tenían prohibido el acceso. Como consecuencia, el Tren de Aragua se convirtió en la autoridad de facto de esos territorios.

A partir de 2018, la banda comenzó a expandirse a otros estados venezolanos, instalándose estratégicamente en pueblos costeros para traficar drogas hacia el Caribe. También se han establecido en zonas fronterizas con Colombia para ejercer el control de los pasos ilegales y la economía que se mueve a su alrededor, lo que les ha valido enfrentamientos con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De esa forma, gestionando el tráfico de personas y aprovechando el negocio generado por la migración masiva de venezolanos, el Tren de Aragua ha extendido sus operaciones por toda América, traficando, secuestrando, robando y extorsionando.

Trump ha asegurado que el Tren de Aragua está invadiendo el país y ha invocado la ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa que se enarboló el pasado 15 de marzo para extraditar a unos 200 venezolanos a El Salvador, país que ha aceptado encarcelarlos en una de sus prisiones de máxima seguridad, según informa EFE.

Desde ese mismo 15 de marzo, el juez federal del Distrito de Columbia James Boasberg mantiene bloqueada la aplicación de dicha ley, lo que ha llevado al propio Trump y a miembros de su Gobierno a pedir su destitución, poniendo en cuestión la separación de poderes en EE.UU.

Está previsto que un tribunal de apelaciones escuche este lunes los argumentos del Departamento de Estado para la impugnación de la restricción temporal de Boasberg.