EE.UU. deporta a La Habana a 'La bestia', una juez cómplice de la represión cubana

La exjueza había solicitado asilo político al llegar a Estados Unidos el 30 de mayo de 2024 bajo el programa de 'parole' humanitario promovido por la Administración de Joe Biden; pero las autoridades migratorias rechazaron su entrada argumentando su historial represivo en la Isla y su militancia en el Partido Comunista de Cuba (PCC).

Menos de veinte días antes de llegar al país norteño, había firmado sentencias de entre tres y cuatro años de prisión a cuatro jóvenes menores de 30 años, acusados de lanzar cócteles molotov contra un jeep y viviendas de los jefes de la Policía y la Seguridad del Estado en el municipio villaclareño el 18 de noviembre de 2022.

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Camila Acosta | CORRESPONSAL EN LA HABANA

Dunia Marisol Rodríguez Milián, madre de Eddy Daniel Rodríguez Milián, uno de los condenados, aseguró que el juicio fue una farsa y que no existían pruebas para condenarlos. Por su parte, Ana Iris Pedraza Balero, madre de Luis Ernesto Medina Pedraza, otro de los jóvenes sentenciados, manifestó que «ella utilizó su cargo para cometer las injusticias más grandes y más atroces del mundo».

La propia exjueza reconoció, ya fuera de la isla y en un intento de negar sus acciones represivas, que el caso carecía de fundamentos sólidos y que su actuación estuvo influida por presiones externas. También el Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba reconoció que González había cometido ilegalidades en el proceso. Sin embargo, rechazó la solicitud de revisión de la causa penal, por lo que los cuatro jóvenes permanecen encarcelados.

Durante 15 años, Melody González Pedraza ejerció como jueza en la localidad de Encrucijada, provincia de Villa Clara, e incluso llegó a ser la presidenta del Tribunal Municipal Popular. «La bestia», así la llamaban en el poblado debido a su proceder durante los juicios: «juzgaba sin piedad, era mala, un demonio», declaró a ABC un residente en ese municipio que solicitó el anonimato.

Por su sentencia a los jóvenes procesados y su vinculación al sistema político en la Isla, Melody González había sido incluida en la base de datos «Represores Cubanos» elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC). La exjueza forma parte del listado de al menos 135 represores -de los alrededor de 1.140 identificados por la organización- que actualmente residen en Estados Unidos o estaban en camino hacia este país.

Aunque la FDHC ha implementado este trabajo desde 2017, en el último año ha adquirido más relevancia. Según el abogado de inmigración, Santiago Alpízar, esto se debe al auge de las redes sociales como herramienta de denuncias de este tipo, así como al aumento del éxodo de cubanos hacia Estados Unidos acaecido tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J). Según las estimaciones, más de 1 millón de cubanos ha emigrado, fundamentalmente a Estados Unidos, desde noviembre de 2021: alrededor del 12 % de la población actual de la Isla.

Según la FDHC, «la presencia de estas personas en territorio estadounidense, buena parte de ellas vinculadas a cuerpos represivos militares y paramilitares de la dictadura cubana, plantea serios riesgos para la seguridad nacional». La ong aseguró que la mayoría de estas personas ingresaron al país «bajo declaraciones falsas a las autoridades de inmigración, lo que además de ser un delito federal compromete la integridad del sistema de justicia y la protección de los derechos fundamentales».

A mediados del mes de marzo, el congresista cubanoamericano Carlos A. Giménez solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) identificar y deportar a decenas de individuos señalados como represores del régimen cubano que actualmente residen en Estados Unidos.

Menos de un mes más tarde, las autoridades migratorias arrestaban en Miami a Daniel Morejón García, un ciudadano cubano acusado de haber participado activamente en la represión de las protestas del 11J. A mediados de julio, el exfuncionario fue deportado a la Isla. En agosto, fue igualmente detenido por ICE el ex teniente coronel del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba Jorge Luis Vega García tras denuncias públicas sober su historial represivo en cárceles cubanas. Tanto a estas como a las otras detenciones han contribuido las víctimas, quienes los identifican y denuncian.

Pero este trabajo se ha estado implementando desde hace varios años. El abogado Santiago Alpízar explicó a ABC que hace unos diez años, gracias al testimonio del opositor Guillermo 'Coco' Fariñas, fue denunciado Marino Rivera, ex militar del Ministerio del Interior y ex jefe de prisiones en la provincia de Villa Clara, y su esposa, una ex oficial de migración, quienes residían en Estados Unidos. Finalmente, ambos se auto deportaron.

El pasado año, el exagente de la Seguridad del Estado cubano Saúl Santos Ferro, identificado como represor en Miami fue deportado a Cuba; sin embargo, el régimen de La Habana no lo aceptó y fue devuelto a Estados Unidos, en donde continúa viviendo. Este constituyó el primer caso de represor cubano sancionado por las autoridades migratorias de ese país por cometer fraude.

Santiago Alpízar, también vicepresidente de las organizaciones Cubademanda y Cuba Represión ID, refirió que se trata de una forma de hacer justicia y de expresión libertaria de aquellos que no pudieron hacerlo dentro Cuba. «No se trata de una cacería de brujas. Es, sencillamente, como se dice en inglés: payback».

Los beneficios migratorios otorgados a cubanos por parte de las autoridades de Estados Unidos forman parte de conquistas de la comunidad cubana y cubanoamericana que ha huido de la dictadura desde 1959. Entre ellas se cuenta, por ejemplo, la Ley de Ajuste Cubano, mediante la cual los cubanos pueden solicitar y recibir la residencia permanente en ese territorio tras permanecer en el país al menos por un año. No obstante, Alpízar precisa que las leyes migratorias «claramente, prohíben que un individuo que haya pertenecido a un partido totalitario como el comunista, reciba un beneficio en los Estados Unidos».

El esposo de González Pedraza, William Hernández Carrazana, ya había sido deportado previamente y se encuentra en la provincia de Villa Clara. Su hermano, Ruber González Pedraza, fue detenido en Florida por ICE y permanece en el centro de detención de Krome, con una orden de deportación, con «salida voluntaria», que aún puede apelar hasta octubre.