El régimen cubano acumula 18.000 millones de dólares con el país en la miseria

Así lo revelaron documentos secretos a los que tuvo acceso en exclusiva el diario estadounidense 'Miami Herald'. Se trata de 22 hojas de cálculo internas, correspondientes a marzo y agosto de 2024, que detallan balances generales, estados de resultados, inventarios y reportes de ganancias de 25 empresas del emporio, algunas de las cuales no habían sido identificadas anteriormente como parte de Gaesa. La información permite, por vez primera, evaluar el alcance real del grupo en la economía cubana.

Aunque Gaesa oficialmente pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), es controlado por la familia Castro y la élite en el poder; domina sectores clave de la economía nacional como el turismo, la banca, el comercio minorista, las remesas y el turismo.

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Solo en el primer trimestre de 2024, Gaesa generó 2.100 millones de dólares en beneficios netos. Cimex, su principal empresa, responsable de negocios minoristas, bancarios y de comercio internacional, aportó la mitad de esa cantidad. Pero incluso excluyendo a Cimex, el conglomerado poseía 18.000 millones de dólares en activos corrientes, de los cuales 14.500 millones estaban depositados en cuentas bancarias o instituciones financieras propias.

Por su parte, la empresa turística Gaviota, que en marzo de 2024 tenía 8.500 millones de dólares; para agosto del mismo año, la cifra la cifra se había reducido a 2.700 millones, lo cual pudiera reflejar pérdidas o la transferencia de fondos posiblemente al exterior. Parte de esos fondos estaba depositado en Rafin S.A., otra institución financiera propiedad del ejército y con participación en Etecsa, la única empresa de telecomunicaciones en la isla.

Entrevistado por el 'Miami Herald', el economista cubano Pavel Vidal estimó que, a partir de los datos, las utilidades sobre las ventas de Gaesa equivalían a cerca del 40% del PIB. «No hay precedentes de esto», afirmó. «La participación de Gaesa en el PIB de Cuba supera el porcentaje atribuido a las petroleras estatales en Latinoamérica, como Ecopetrol en Colombia, Petrobras en Brasil o incluso PDVSA en Venezuela».

Los expertos advierten sobre los riesgos de esta concentración de poder económico en manos de una cúpula militar cerrada y sin rendición de cuentas, que opera como una especie de «gobierno en la sombra o en paralelo».

Gaesa no paga impuestos sobre sus ventas en dólares ni sobre sus ganancias, y ni siquiera es auditable, sino que opera fuera del control de la Asamblea Nacional y de la Contraloría General de la República, lo cual le ha permitido acumular un poderío económico y político sin precedentes. De hecho, la contralora general Gladys Bejerano fue destituida después de declarar públicamente que no podía auditar a Gaesa porque no estaba bajo su jurisdicción.

Respecto a los impuestos, se sabe que lo poco que debe al presupuesto estatal —920 millones de pesos— representa menos del 1% de sus ingresos declarados en ese período. A su vez, recibió del erario 9.200 millones de pesos como «inversión estatal». Este flujo de capital opera a través de una entidad fiscal conocida como Oficina de Administración Tributaria de las FAR (OATFAR), cuya existencia fue revelada en los documentos y sobre la cual no existe información pública.

Hasta su fallecimiento en julio de 2022, estuvo dirigido por el exyerno de Raúl Castro, el general de división conocido como 'el zar de Gaesa', Luis Alberto Rodríguez López-Callejas. Desde entonces, ha sido la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera el rostro visible al frente de una institución estrechamente ligada al Partido Comunista y a la élite que durante más de seis décadas ha sometido a la isla.

Con la fortuna de 18.000 millones, si existiera voluntad política y una administración responsable, se podrían resolver problemas de urgencia como el abastecimiento de medicinas y comida por unos 100 años, operar y mantener la red eléctrica por al menos 60 años con lo cual cesarían los cortes de electricidad, reconstruir y modernizar un país devastado pese a no haber atravesado una guerra, pagar la deuda externa e incluso distribuir un bono de emergencia a toda la población, el cual ascendería a alrededor de 1.800 dólares por persona.