Los ecuatorianos votarán en referendum si los jueces del Constitucional pueden ser objeto de un juicio político

Al hacer la convocatoria, Noboa escribió que las siete preguntas dan el poder a los ciudadanos de escoger, de una vez por todas, si queremos, como nación, enterrar el pasado y abrazar con esperanza un futuro de paz y desarrollo.

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Thalía Flores

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Las preguntas de la consulta promueven reformas parciales y enmiendas a la Constitución y deberán ser remitidas a la Corte Constitucional para el control de constitucionalidad respectivo; justamente, en momentos que las discrepancias entre el alto organismo y el Ejecutivo son cada vez más notorias; por eso, que Noboa haya incluido en la consulta una pregunta sobre si los jueces constitucionales tendrían que ser sujetos de control político causó revuelo.

La consulta popular incluye preguntas para eliminar la prohibición de bases e instalaciones militares extranjeras en el país, tema que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero que deber ser ratificado en las urnas; plantea también una pregunta sobre la eliminación de la obligación del Estado de asignar recursos a los partidos políticos; la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) -el órgano político más rechazado en Ecuador, desde que fue creado en la Constitución de Montecristi, en 2008, durante el Gobierno de Rafael Correa, que la promovió-; reducir el número de asambleístas (que hoy es de 151); una pregunta para permitir la contratación de trabajo por horas para el sector turístico; otra para peguntar si los jueces de la Corte Constitucional podrían ser sujetos de juicio político, y sobre el regreso de los juegos de azar a los casinos, que fue eliminado en 2011, en una consulta popular, convocada por Rafael Correa (2007-1017).

Noboa ya intentó preguntar acerca de reabrir los casinos y casas de apuesta, en la consulta popular de abril de 2024, argumentando que el cierre de esas empresas generó la pérdida de 250.000 plazas de empleo, pero finalmente la pregunta no apareció en el listado, por considerarlo inoportuno, dado el contexto de violencia del país.

Conforme los ecuatorianos se enteraban de la convocatoria a la consulta popular, las reacciones fueron múltiples en las redes sociales. Constitucionalistas y también analistas económicos coincidieron en criticar varias de las peguntas, y también la ausencia de otras.

«No se puede someter a un juez constitucional a juicio político ('impeachmet'), porque no pueden estar sometidos a presiones». Eso sería un autoritarismo craso», dijo el exmagistrado Hernán Salgado quien, tiempo atrás, presidió la Corte Constitución. André Benavides, profesor de Derecho Constitucional, expresó que no concibe que los jueces constitucionales sean sujetos de control político porque desnaturaliza el sistema de pesos y contrapesos de un Estado Constitucional; mientras que Alberto Acosta Burneo, uno de los más reconocidos economistas, quien varias veces ha defendido la gestión de Noboa, esta vez habló de «una nueva oportunidad perdida», porque ninguna de las siete preguntas transformará el entorno de inversión ni mejorará significativamente el nivel de vida de los ecuatorianos.