Dos atentados brutales en menos de 24 horas entierran la 'Paz total' de Petro

La sangre no había dejado de correr. Horas más tarde, un camión bomba estalló frente a una base aérea militar en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia, situada en el suroeste. El atentado mató a siete civiles, uno de ellos una mujer embarazada, e hirió a más de 70 personas.

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Las autoridades colombianas atribuyeron los atentados a dos disidencias de las FARC, enfrentadas entre sí. Según el Gobierno, se trató de una represalia por recientes golpes del Ejército, en particular la incautación de un arsenal destinado a ser usado contra militares y civiles. El martes, tropas de las Fuerzas Armadas habían encontrado en El Tambo, a 160 kilómetros de Cali, 250.000 municiones, cinco casas repletas de explosivos y más de 200 piezas de fusiles, pertenecientes al frente Carlos Patiño, de las disidencias de las FARC.

El presidente Gustavo Petro, que ayer se desplazó a Cali, ciudad que amaneció militarizada, informó de que dos hombres señalados de participar en el atentado contra el helicóptero policial fueron capturados con apoyo de la comunidad en un barrio cercano. «Dos personas, sin armas pero cargadas de explosivos, salieron corriendo apenas uno de los camiones se activó, y la población ayudó a capturarlas en el barrio contiguo», explicó.

Estos sangrientos ataques se convierten en un nuevo detonante para la pregunta que marcará el fin del Gobierno de Gustavo Petro y la compleja campaña presidencial, que ya se cobró la vida de Migue Uribe Turbay: ¿qué paz es posible en Colombia y qué seguridad es necesaria para el país?

Todas las miradas y comentarios se han vuelto hacia la fracasada 'Paz total' del Gobierno del presidente Petro, que además de poco estructurada y sin resultados positivos, desde un inicio estuvo huérfana de una estrategia de seguridad nacional que hiciera el contrapeso real a las mesas de negociación y la verificación de los ceses al fuego pactados y casi sistemáticamente desconocidos por los grupos armados ilegales.

Esta situación de mesas múltiples y deshilvanadas, mientras aumentaba significativamente el acceso de los armados a rentas ilegales -narcotráfico y minería, entre otras- y a ganar control territorial, se traduce hoy en una Colombia que tiene 22.000 personas que forman parte de grupos armados, una multiplicidad de frentes, con especial énfasis en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño, al suroccidente del país, y en la zona del Catatumbo, y una creciente violencia en el Caquetá y otros departamentos del suroriente.

El refuerzo de los grupos ilegales se inició en el pasado Gobierno de Iván Duque, que dictaminó que haría trizas el Acuerdo de Paz de 2016, desestimando las consecuencias de su implementación a medias -surgimiento de las disidencias de las FARC y crecimiento de la guerrilla del ELN- y sin fortalecer a la fuerza pública, cosa que paradójicamente la propuesta de 'Paz total' del Gobierno Petro en vez de reenfocar, terminó por profundizar al abrirle la puerta, en calidad de interlocutor político, a casi todas las facciones, multiplicando los escenarios, las divisiones y la falta de resultados, además de no contar con una estrategia de inteligencia que, en paralelo, pudiera contribuir a la eficiencia militar y de control territorial real.

Según documentos propios de inteligencia del Estado, revelados por el diario colombiano 'El Tiempo', en los últimos seis meses la capacidad bélica de estos grupos aumentó en un 6% y hoy hay presencia en 552 municipios del país, es decir, en más de la mitad que tiene Colombia.

Semejante crecimiento ha sido interpretado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, con bastante manga ancha o notable ingenuidad, a propósito de los sucesos en Cali y el aumento en la capacidad terrorista de estos grupos, que este aumento ha sucedido de forma soterrada y traicionado la política de paz del gobierno del Pacto Histórico.

El Gobierno se encuentra en la recta final de su mandato igual de atomizado que la paz y la guerra: debe mostrar resultados de gestión en su último año, para tratar de mantener al Pacto Histórico en el poder, mientras procura frenar el desangre en el país a través de algún acuerdo de desmovilización que reduzca la crisis humanitaria en zonas que le votaron en 2022, mientras anuncia que los grupos a los que no hace mucho les dio estatus político –y con los que pretende negociar– ahora deben ser denominados como terroristas por la comunidad internacional.

Así lo señaló el presidente Petro, al hablar de la Junta del Narcotráfico (conformada por los paramilitares del Clan del Golfo y las disidencias ex-Farc de la Segunda Marquetalia e 'Iván Mordisco', entre otros) como responsable de los hechos de esta semana, Junta que ni sus propios ministros logran aclarar a qué se refiere el mandatario, un ejemplo más de la confusa paz y multiplicada guerra que hacen estallar las promesas de su gobierno en mil pedazos.