Una denuncia de espionaje sacude al Gobierno de Milei en plena campaña por las elecciones legislativas
El congresista Facundo Manes acusa al Ejecutivo del presidente argentino de utilizar los recursos estatales para investigar a políticos opositores, sindicatos e, incluso, asociaciones de jubilados
Milei critica a Pedro Sánchez, el «bandido local», durante un acto en Madrid
El presidente de Argentina, Javier Milie
Hace semanas era un secreto a voces, pero ahora el tema ha escalado hasta llegar a la Justicia. Un diputado argentino ha presentado este lunes una denuncia contra los Servicios de Inteligencia del Estado (SIDE) por espionaje ilegal. Concretamente, acusa al Gobierno del presidente Javier Milei ... de utilizar los recursos estatales para investigar a políticos opositores, sindicatos e, incluso, asociaciones de jubilados. «La peor tradición de la casta, espiar a los que piensan distinto», dijo el congresista Facundo Manes, quien realizó la demanda.
Este lunes en Buenos Aires el legislador, perteneciente a la coalición Somos Buenos Aires, se ha acercado a los tribunales para denunciar un hecho que considera «una vergüenza». La presentación judicial llega días después de haberse desvelado en el diario argentino 'La Nación' que la SIDE había realizado un informe especial sobre los opositores a la Casa Rosada, gremialistas y distintos grupos de jubilados.
Manes ha presentado su demanda como un «hecho nuevo», añadido a una denuncia que ya había llevado a cabo contra el asesor del presidente argentino por «amenazas coactivas» en un contexto parlamentario.
En su presentación de este lunes, el diputado sostiene: «Vengo a denunciar… que la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) comenzó a elaborar reportes sobre las actividades y movilizaciones que protagonizan líderes políticos, sociales y sindicales de todos los partidos y espacios, pero con una salvedad: no reporta datos sobre La Libertad Avanza o sus dirigentes ni sobre funcionarios nacionales«.
Antecedentes
La gestión de los servicios de inteligencia del Estado por parte de la Casa Rosada se encuentra en el ojo del huracán desde hace meses. De hecho, cabe recordar que, semanas atrás, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, con quien Milei se encuentra enemistado, reclamaba públicamente al jefe de Estado «que ahorre en la SIDE», refiriéndose al incremento en los gastos en inteligencia en los últimos tiempos.
El posible uso de los servicios de inteligencia para espionaje político había sido denunciado por el diario 'La Nación', que sacaba a la luz que «la SIDE redacta informes sobre dirigentes opositores, sindicalistas y grupos de funcionarios, transgrediendo la Ley 25.520 que lo prohíbe expresamente».
Esta normativa es mencionada también en la presentación judicial realizada por el diputado este lunes en Buenos Aires: «La ley 25.520 prohíbe obtener información o producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o grupos 'por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción», señala el texto.
«Espiando con tu plata»
Tras desvelarse el posible espionaje en la prensa local, además de la denuncia en la Justicia, también ha habido revuelo dentro del Parlamento argentino. Un grupo de diputados del partido Democracia para Siempre ha exigido al Gobierno de Milei que explique inmediatamente lo que está ocurriendo. También solicitaron que se interpele al titular de la SIDE, Sergio Neiffert.
El jefe de este partido, Pablo Juliano, se ha expresado al respecto en las redes sociales, alertando: «Están espiando opositores con tu plata». «No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Desde el año pasado venimos denunciando que se usa la SIDE para perseguir y espiar a quienes no están alineados con la Casa Rosada, esto es inadmisible en un país democrático».
El impacto del escándalo de espionaje sigue creciendo y, por el momento, el Gobierno argentino no se ha pronunciado al respecto. No obstante, el asunto preocupa seriamente a la Casa Rosada, que en poco más de dos meses se pondrá a prueba en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.