El Constitucional de Ecuador da luz verde al juicio político al presidente Lasso por malversación

La noche de este miércoles, la CC aceptó una de las tres causales planteadas por la Asamblea que tiene que ver con la acusación de malversación de fondos públicos relacionado con un contrato de la empresa Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). Las acusaciones por el delito de concusión no cumplen las exigencias legales y constitucionales, dice el dictamen.

El Gobierno reaccionó de inmediato con un comunicado en el que dijo rechazaba el juicio político , pero subrayó que, aunque no coincida con la decisión de la Corte Constitucional, respeta el dictamen de admisibilidad.

La oposición acusa a Lasso de ser el supuesto responsable político de una trama de corrupción en empresas públicas y de haber protegido a algunos involucrados. El presidente ha replicado que lo que buscan es un «golpe de Estado parlamentario».

Para Lasso son momentos difíciles, probablemente los más complejos desde que asumió la Presidencia en mayo de 2021´y luego de haber perdido una consulta popular el pasado 5 de febrero, cuando preguntó si se debía aprobar la extradición. En los últimos 15 días, ha debido hacer frente a un terremoto, que se cobró la vida de unas 16 personas; inundaciones que han colapsado puentes y aislado a varias localidades y un enorme deslave, el lunes pasado, en el que han fallecido al menos 14 personas y aún se cuenta a los desaparecidos.

En lo político, la soledad de Lasso se ha vuelto proverbial; apenas tiene el respaldo de una treintena de legisladores de una Asamblea de 137; el movimiento indígena está en la oposición y los sindicatos y movimientos sociales le han dado la espalda; tampoco tiene el beneplácito de los sectores empresariales. Las cifras de respaldo están en mínimos. Golpeado en su salud, en lo que va de su mandato ha ingresado dos veces al quirófano y ahora se moviliza con un andador, aunque ello no ha impedido que se desplace por el país y haya visitado las zonas afectadas por el terremoto y también a los damnificados por el deslave.

Tras el dictamen de la CC se inicia en la Asamblea el trámite que tiene varias etapas y que podría tomar alrededor de dos meses. El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tiene tres días para conocer la resolución y luego enviar a la Comisión de Fiscalización que tiene unos 45 días para conocer las pruebas que sustentan las supuestas infracciones de Lasso, así como escuchar su defensa, luego de lo cual se presentará un informe que no es vinculante al Pleno de la Asamblea, donde el presidente podrá ejercer su derecho a la defensa. La ley establece que para censurar y destituir al presidente de la Republica son necesarios 92 votos.

De los 104 legisladores que, semanas atrás, aprobaron el informe de la comisión ocasional de la Asamblea con la recomendación de un juicio político a Lasso, finalmente 59 firmaron la solicitud formal y cuatro han sido designados como ponentes. Allí están representados el bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES); el Partido Social Cristiano (PSC), ex aliado de Lasso; el movimiento Pachakutik (brazo político del movimiento indígena Conaie); Izquierda Democrática (social demócrata) y algunos independientes.

En junio de 2022, Guillermo Lasso se salvó de una moción de destitución, cuando el país afrontaba un paro nacional liderado por el presidente de la Conaie, Leonidas Iza. En esa ocasión, los votos del PSC lo salvaron; hoy son parte de la oposición.