Condenan por violaciones de Derechos Humanos a un excomandante en jefe del Ejército chileno

El hecho se enmarca dentro del denominado caso Caravana de la Muerte, episodio que reúne los homicidios calificados y desaparición forzada de 93 personas en diferentes regiones de Chile.

Este caso es uno de los más emblemáticos en violaciones de los Derechos Humanos, ya que involucró a un grupo de oficiales del Ejército, comandados por el general Sergio Arellano Stark, que, a bordo de un helicóptero, visitó distintas ciudades y fusiló sin juicio previo a quienes estaban detenidos en recintos militares tras el golpe de Estado.

Cheyre, teniente en 1973, se encontraba destinado a un regimiento en la nortina ciudad de La Serena, cuando pasó la Caravana de la Muerte y en calidad de ayudante del comandante del regimiento emitió los certificados de las muertes de quince presos, ocurridas el 16 de octubre de ese año. Condenado en primera instancia como encubridor, el máximo tribunal consideró que su participación era en calidad de cómplice.

El fallo es simbólico debido a que Cheyre se convierte en el militar de mayor rango condenado por casos de violaciones de DD.HH. El general ejerció el cargo de comandante en jefe del Ejército entre los años 2002 y 2006, en plena democracia, siendo designado por el presidente de entonces, Ricardo Lagos. En el momento de su nombramiento no se habían formalizado denuncias en su contra y no eran públicamente conocidas.

Además, resulta paradójico que Cheyre es conocido como el «general del nunca más», pues en 2003, 30 años después del golpe de Estado, emitió una declaración en la que reconoció la participación del Ejército en casos de violaciones a los DD.HH. y comprometió a la institución a «nunca más» repetirlas.

Cheyre también está siendo procesado por la Justicia por una supuesta malversación de fondos reservados mientras ocupó la Comandancia. Y con anterioridad la Corte Suprema lo absolvió de su eventual participación en el asesinato del matrimonio conformado por el argentino Ernesto Lejderman y la mexicana María del Rosario Ávalos, asesinados por una patrulla militar en diciembre de 1973.

En el caso de La Serena, el máximo tribunal condenó a otros seis uniformados a entre cinco y diez años de prisión.