Así va a ser el proceso para el traspaso de poder, bajo el recuerdo del asalto al Capitolio

Estos pasados años, el republicano se ha encargado de ir purgando la bancada republicana de críticos, a los que ha ido echando en primarias o a los que ha forzado a jubilarse, como es el caso de la diputada Liz Cheney o el senador Mitt Romney. Los dos son políticos de derecha conservadora.

Pendiente de los recuentos y las posibles demandas, El Colegio Electoral se reúne el 17 de diciembre de este año para emitir formalmente sus votos, basándose en los resultados del voto popular en cada estado. En principio, los electores deben votar por aquel candidato que ha resultado ganador en las urnas, pero algunos estados permiten, que en casos extremos, con serias sospechas de fraude, estos electores voten a conciencia. De momento, las demandas de Trump han fracasado siempre en los juzgados.

El candidato que consigue 270 votos del Colegio Electoral es declarado ganador en una reunión de las dos cámaras del Capitolio el 6 de enero. En 2021, una turba reunida por Trump en Washington descendió sobre el Capitolio en un intento de impedir ese proceso, e incluso saqueó ese edificio, sede del Legislativo. Decenas de personas fueron detenidas, juzgadas y condenadas por esas acciones, de las que Trump ha intentado distanciarse.

Es crucial que una mayoría de diputados y senadores acepte los resultados que trae el Colegio Electoral. Pueden negarse a hacerlo.

Ya el 20 de enero de 2025 se llevará a cabo la ceremonia de investidura, donde el presidente electo asume oficialmente el cargo, jurando ante el Capitolio, para después desplazarse a la Casa Blanca y, como manda la costumbre, firmar algunos decretos prioritarios y promulgar algunas reformas de importancia sobre todo simbólica.

Si el Congreso se negara a certificar los resultados del Colegio Electoral, se generaría una crisis constitucional sin precedentes. La Constitución y las leyes federales no proporcionan un procedimiento claro para tal situación, lo que podría llevar a disputas legales y políticas significativas. En última instancia, la Corte Suprema podría verse obligada a intervenir para resolver el 'impasse'.