Comienza el juicio en EE.UU. contra el expresidente de Honduras, acusado de vínculos con el narcotráfico
Según el Departamento de Justicia, el expresidente Hernández, en prisión desde hace dos años, una vez que alcanzó el poder con «dinero de dudosa procedencia», conformó su propio cartel de narcotráfico y utilizó a la policía, los militares y los recursos públicos para sus operaciones narcóticas dentro y fuera del país
EE.UU. solicita a Honduras el arresto y la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández
Dibujo del expresidente Juan Orlando Hernández, en el centro, durante el primer día de juicio
El proceso legal contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández ante la justicia estadounidense se ha hecho esperar pero finalmente ha dado comienzo, tras cuatro aplazamientos, este martes con la elección del jurado a puerta cerrada; un proceso que puede demorarse hasta tres días. ... El proceso contra el expresidente mantiene en vilo a Honduras y a la comunidad centroamericana que vive en Estados Unidos; decenas de hondureños y medios de comunicación nacionales e internacionales están, desde hace meses, a la expectativa de lo que sucede en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
El arranque del juicio, que lidera el juez Kevin Castel, ahora está previsto para este miércoles a las nueve de la mañana (hora de Nueva York). En la audiencia se presentarán los alegatos iniciales de ambas partes y el jurado electo será el encargo de determinar la culpabilidad o la inocencia de Juan Orlando Hernández en el juicio que enfrenta por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Según el Departamento de Justicia, el expresidente Hernández una vez que alcanzó el poder con «dinero de dudosa procedencia», conformó su propio cartel de narcotráfico y utilizó a la policía, los militares y los recursos públicos para sus operaciones narcóticas dentro y fuera del país. Analistas políticos consultados coinciden en que la extradición y el juicio contra el expresidente es «una declaración de Estados Unidos a cualquier líder extranjero que llegue al poder con dinero de las drogas y que encubra planes del narcotráfico y evite las extradiciones de traficantes relacionados con la potencia occidental». «Hernández ahora va a responder por sus actos corruptos y violentos. Vamos a ir incansablemente detrás de los que lavan dinero, trafican con drogas y amenazan la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense», ha expresado la administradora de la DEA Anne Milgram.
Las perspectivas para Hernández no son favorables. Todo apunta a que el hondureño será condenado a purgar una pena de más de 30 años en una cárcel de máxima seguridad, como la que le impuso la justicia estadounidense el 30 de marzo de 2021 a su hermano, Juan Antonio Hernández, conocido en el mundo de la mafia como «Tony», quien permanece encarcelado en Victorville, California. El de Hernández, además, no es un caso extraordinario, pues no sería el primer exmandatario centroamericano en sentarse en el banquillo de los acusados e ingresar a una prisión estadounidense.
Hernández lleva dos años recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, a la espera del juicio que dicte su destino. Fue arrestado en su casa en la capital hondureña de Tegucigalpa por la Policía Nacional el 15 de febrero de 2022, tras dejar el cargo como presidente de la nación, habiéndose reelegido tras una polémica interpretación constitucional.
Otros expresidentes condenados
Por ejemplo, otro expresidente hondureño, Rafael Callejas (1990 a 1994), fue extraditado en 2015 por un escándalo de sobornos en la FIFA. Se declaró culpable y actualmente está en libertad condicional. Panamá también tiene su propio caso. En 2018, Estados Unidos extraditó a Panamá al expresidente Ricardo Martinelli —quien lidera la intención de voto para los comicios de 2024 en este país— después de pasar un año en una prisión federal de Miami y juzgado por cargos de malversación de fondos y escuchas ilegales. Guatemala también está en la lista de exmandatarios centroamericanos acusado por Estados Unidos. El expresidente Alfonso Portillo (2000-2003) fue extraditado y acusado por usar bancos norteamericanos para el blanqueo de 80 millones de dólares durante su gestión, provenientes de donaciones de Taiwán. En el 2015 volvió a Guatemala.
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