«La Nación» y «Clarín» denuncian juntos el acoso del gobierno de Cristina Kirchner
Publican un editorial conjunto horas antes de la publicación del informe oficial sobre la compra de Papel Prensa
carmen de carlos
El combate entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y los dos principales diarios del país ha alcanzado su momento más caliente horas antes de que la jefa del Estado dé a conocer en la Casa Rosada (sede del Ejecutivo) un informe ... donde se vincula a «Clarín» y a «La Nación» , los dos diarios más importantes de Argentina, con la última dictadura militar argentina (1976-83). Según la información que se ha adelantado, en el informe, descalificado antes de su publicación por ambos matutinos en un editorial conjunto , se les acusa de adquirir en la época, de forma indebida y en connivencia con los militares, la sociedad Papel Prensa, la única gran compañía de distribución de papel para periódicos que tiene como accionista minoritario al Estado y que perteneció, en los años de plomo, al grupo Graiver. Éste la vendió a los editores de «Clarín» y «La Nación» antes de que algunos de sus miembros fueran detenidos ilegalmente .
«Clarín», que fue despojado por el Gobierno la semana pasada de una licencia de distribución de señal de internet , y «La Nación» publicaron el martes en portada la «historia inventada» que difundirá previsiblemente Cristina Kirchner para «quedarse con Papel Prensa» porque, aseguran, «controlar el papel es controlar la información y esto es lo que el Gobierno viene buscando». Ambos periódicos denuncian «una falaz investigación sobre la historia de la compañía, buscando convertirla en un caso de derechos humanos y de delitos de lesa humanidad». Con ese fin, continúa el comunicado, «distorsionan con alevosía hechos históricos» y «bastardean la bandera de los derechos humanos».
En el editorial publicado por los dos periódicos obervan que «la compra [de Papel Prensa] se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976» y los vendedores, miembros del grupo Graiver, «fueron ilegalmente detenidos cinco meses después y por imputaciones ajenas a ese tema». Los Graiver, una conocida familia de banqueros, cayeron en manos de los militares cuando estos descubrieron sus vínculos con la organización guerrillera peronista Montoneros.
Cambio de parecer
Tras hacer un repaso cronólogico a los hechos, «Clarín» y «La Nación» recuerdan que Papel Prensa «nunca en 27 años de democracia recibio ningún cuestionamiento administrativo o judicial por su origen». También notan que ni Lidia Papaleo , viuda del difunto David Graiver , ni ninguno de los afectados que participaron de varias causas en democracia contra la dictadura objetaron la operación de compra venta. «Jamás –insisten los diarios- denunciaron estos hechos que hoy, sugestivamente, aparecen de la mano de Guillermo Moreno [secretario de Comercio] y tras reunirse con el matrimonio Kirchner».
Lidia Papaleo, quien permaneció un tiempo desaparecida, recientemente cambió su testimonio sobre el caso Papel Prensa y expresó su coincidencia con el Gobierno. El abogado Gustavo Caraballo, ex embajador argentino en la Unesco, compañero de cautiverio de Papaleo y abogado que reclamó varias deudas a los Graiver en los años 70, asegura sin embargo que la viuda falta ahora a la verdad. «Los Graiver estaban en una situación económica desesperada. Las empresas se habían desplomado… En ese contexto venden Papel Prensa». También recuerda que las amenazas y detención ilegal de la familia fueron posteriores a la operación.
«Ofensiva judicial»
La «investigación» oficial sostiene en cuatrocientos folios la tesis del Gobierno y podría servir de base para que el Procurador del Tesoro (similar al Fiscal General del Estado), Joaquín da Rocha , se ponga al frente de la «ofensiva judicial», según expresión de «Clarín». La meta atribuida al matrimonio Kirchner es lograr la anulación de la compra de Papel Prensa mediante un intento de «criminalizar a los principales diarios del país» para «apoderarse de la compañía», según denuncian los afectados.
Desde la oposición, Elisa Carrió , ex candidata presidencial, considera que el Gobierno va «camino del terrorismo de Estado, avasalla la propiedad e inventa causas». El radical Ricardo Alfonsín considera que «forma parte de la estrategia de control» sobre la Prensa, y el ex presidente peronista Eduardo Duhalde , por su parte, advirtió de «una nueva escalada gubernamental contra la seguridad jurídica».
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